Ni el campo de tiro ni el cementerio católico de Salamanca son edificables. Así lo acaba de certificar el Tribunal Supremo a través de una sentencia en la que rechaza, de plano, el recurso interpuesto por el consistorio: lea aquí el fallo.

Esta era la última baza del alcalde para anular otra sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anulaba los convenios urbanísticos suscritos hace siete años por el ayuntamiento con la Diócesis salmantina y la sociedad Campo de Tiro y Deportes, para dotar de edificabilidad al camposanto y al club de elite. Entre los socios y miembros de la Junta Directiva de esta sociedad figura, por cierto, el propio alcalde del PP, Julián Lanzarote.

El Supremo no sólo ha quitado la razón al regidor sino que le obliga a revisar las licencias concedidas tras la sentencia del TSJ. Se trata de la consecuencia más drástica de la resolución judicial pues, según fuentes jurídicas, unas 72 viviendas están en peligro de ser declaradas ahora “ilegales”. 

En una breve conversación mantenida con El Confidencial Digital, el consistorio ha minimizado el daño y perjuicio de la resolución aludiendo a un voto particular contenido en la sentencia del TSJ, que impedía la revisión de las licencias concedidas tras los acuerdos por ser “firmes”.

Del cumplimiento de dicha resolución estará vigilante la organización Ecologistas en Acción que fue la que denunció ante los tribunales dichos acuerdos. De hecho, han manifestado ya su intención de investigar las licencias concedidas tras la suspensión de los convenios.

La sentencia, apunta esta ONG, es sólo un ejemplo de “la caótica e interesada” gestión urbanística del alcalde del PP en Salamanca, Julián Lanzarote, que regenta la alcaldía desde 1995 con mayoría absoluta.