Los días finales del mes de septiembre y los primeros días de octubre, a pesar de las grandes noticias sociales y políticas que llenan los informativos en nuestro país, están siendo pródigos en noticias relacionadas con el inolvidable atentado que convulsiona a España.
Posiblemente este hecho sirva de tiempo de espera a la sentencia del primer juicio celebrado sobre mencionado atentado. En la masacre del 11-M, como en casi todos los hechos humanos, se produce un balance que deja víctimas para el resto de su vida y premiados temporales, es decir, premiados sólo por el tiempo que dura la gloria del premio.
Todos conocemos la contingencia de la vida terrena y, aunque los premios nos hagan vibrar momentáneamente, cuando van transcurriendo los días y nos acostumbramos a convivir con la gloria que proporcionan, sus efectos, se van aminorando a lo largo de nuestra existencia. Máxime cuando al analizar fríamente las razones objetivas del premio, a veces llegamos a descubrir, que en el mejor de los casos, el premio, juzgado con una vara de medir distinta, podría incluso haberse transformado en un castigo. El Confidencial Digital ha avanzado estos días dos noticias relacionadas con los premios que anualmente otorga el ministerio del Interior a las personas y organismos que se han distinguido por sus servicios, supongo que a la sociedad. De esas noticias quiero extraer dos ejemplos que podrían servir para poner en evidencia las afirmaciones anteriores, los dos corresponden a dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
En un caso, la condecoración ha sido anulada sin saber las razones que habían llevado a su concesión y, por supuesto, mucho menos a la anulación. Se trata del comisario Rodolfo Ruiz, como todos saben, implicado entre otros, en el "caso Bono".
El otro caso corresponde al director de la pericia de explosivos del 11-M. Yo no voy a entrar a valorar las razones que han llevado a sus jefes respectivos a proponer a dichas personas como candidatos a las respectivas medallas.
Mis felicitaciones a los que merecidamente sean acreedores a dichos premios pero, de cualquier forma, creo pertinente que los españoles conozcamos dichas razones ya que, teóricamente somos los ciudadanos los destinatarios de los desvelos de nuestros servidores públicos, y por lo tanto, indirectamente, somos los que otorgamos, por delegación los galardones.
En el caso del Inspector Rodolfo Ruiz, desposeído de su medalla a última hora, debemos conocer las razones por las que le fue sustraída en el último momento. Ambos servidores de los ciudadanos tenían encomendada la misión de cumplir con la ley y en el segundo caso de descubrir qué explosivo se utilizó en los crímenes de Atocha; es su trabajo habitual, pero en este caso me temo que dicha investigación no se vio coronada por el éxito. Mas bien su papel en la pericia consistió en vender una teoría de la contaminación de las muestras recibidas pero, sin poner de manifiesto, analíticamente, de donde procedían los supuestos compuestos contaminantes. Lo único positivo de la analítica realizada es que quedó patente que en las exiguas y manipuladas muestras de los focos de explosión, había dos componentes que no pertenecían a la Goma 2ECO. Las víctimas quedamos defraudadas al constatar que de cuatro trenes explosionados y unos 120 kilogramos de explosivo no se pudieran recoger muestras representativas para identificar el explosivo utilizado. Muy distinto ha sido el tratamiento de las muestras de la T-4 donde, a partir de muchas toneladas de escombros, se han podido identificar los dos explosivos utilizados por ETA. Además, la pericia, con su jefe a la cabeza, no desembocó en una interpretación unánime de los resultados obtenidos, según el objetivo trazado desde el primer día. Tampoco resulta fácil de interpretar que en un trabajo, realizado por un equipo de ocho personas sólo se premie al jefe de dicho trabajo en equipo.
La otra cara de la moneda son las víctimas del 11-M que han salido del silencio y del anonimato en un diario de tirada nacional. Estas personas, perdedoras para siempre de dicho atentado, han manifestado su estado físico y psíquico después de tres años y medio de calvario. Todas coinciden en que no esperan que del juicio salga la verdad de lo ocurrido aquel día inolvidable. También coinciden en manifestar que, salvo honrosas excepciones, la prensa no desea investigar y contribuir a que se conozca la verdad del atentado y lo mismo se puede afirmar de los poderes públicos. Se sienten olvidadas por la sociedad y por las instituciones.
Dos caras de la moneda, bien distintas, derivadas del mismo hecho. Creo que cualquier persona normal, ante estos datos sólo puede pedir: verdad, memoria y justicia. Después de lograr dichos objetivos seguramente nos sentimos todos un poco más aliviados.