El resultado de aquella manifestación fue la apertura, por parte del Ministerio de Interior, de 21 expedientes por falta muy grave. La Dirección General de la Guardia Civil consideró ilegal la convocatoria y una insubordinación “por actos contrarios a la disciplina de la Guardia Civil”. De ahí que los guardias civiles implicados se enfrenten a condenas que pueden oscilar entre la pérdida del escalafón, la suspensión de empleo y sueldo durante un año y la expulsión del Cuerpo.
Entre los acusados figura, efectivamente, el secretario general y portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpignan. Pues bien. Según ha podido saber El Confidencial Digital, su documentación está en estos momentos sobre la mesa del Director de la Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida.
Aunque no se ha emitido aún una resolución oficial sobre el mismo, Mesquida consultó hace algo más de un mes con el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la postura que debía adoptar con respecto a este caso concreto. Rubalcaba y Mesquida concluyeron que no iban a dejar pasar este acto de rebeldía protagonizado por Perpignan: el guardia civil será amonestado gravemente.
En Interior se ha considerado un agravante que, tras la manifestación de Madrid y la apertura de un expediente, Perpignan realizara unas declaraciones a la Cadena SER, en las que acusaba al Gobierno de “plegarse a las exigencias de la cúpula militar de la Guardia Civil y del Ejército, quienes se resisten a perder sus privilegios”. Pero no quedó ahí la cosa. A continuación, fue entrevistado por TV 3 y aseguró queu determinados mandos del instituto armado “con el lema ‘todo por la patria’ lo que esconden es el todo por la pasta”.
Perpignan cargó además contra el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, de quien dijo que “su irresponsabilidad está llegando muy lejos”, porque, según él, a las ofertas de diálogo de la AUGC el Gobierno respondía con más expedientes y con represión. También aseguró que “la democracia no ha entrado en los cuarteles de la Guardia Civil. Los agentes quieren que se cambie, pero la cúpula militar se niega a modernizar la institución y apuesta por fórmulas del pasado”.
Hay que recordar que, hace unos días, entró en vigor la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de la Guardia Civil, que reconoce y actualiza libertades como la de desplazamiento y circulación o el derecho de reunión y manifestación. La mayor novedad llega con el reconocimiento de asociación profesional y la creación del Consejo de la Guardia Civil, que favorecerá que los representantes elegidos democráticamente tengan conocimiento de las condiciones laborales de todos los guardias civiles.