El contrato de fabricación aún no ha sido adjudicado, pero uno de los aspirantes mejor situados es el consorcio formado por la catalana GTD y la francesa Nexter. Para hacer la oferta más atractiva al Ministerio de Defensa, la compañía ha ofrecido que la construcción de los 300 vehículos blindados que sustituirán a los BMR –por un importe de 1.300 millones de euros- se centralice en Barcelona.
Sin embargo, el consorcio empresarial franco-catalán podría encontrarse con la oposición de la ‘Generalitat’ si decidiese seguir las indicaciones del Centre Delás y ‘Justicia y Pau’, dos organizaciones antimilitaristas catalanas que solicitan la retirada del apoyo institucional autonómico a este proyecto.
Según afirman desde ‘Justicia y Pau’, GTD habría solicitado a la Generalitat ayudas por valor de 5,5 millones de euros, así como la instalación de las factorías en la Zona Franca de Barcelona, en los terrenos que antiguamente ocupaba Seat.
“Múltiples estudios demuestran que silos recursos empleadosen la producción de armas se destinaran a fines civiles generarían un mayor desarrollo humano y bienestar social. Las armas son bienes improductivos que no satisfacen necesidades humanas y provocan endeudamiento y déficit público” argumentan estas plataformas en su campaña contra los 8x8.
Recuerdan, además, que la ‘Generalitat’ ya intentó en otras ocasiones la instalación de “industrias de guerra” en Cataluña. Citan concretamente al Eurocopter –que finalmente se asentó en Albacete-, o al consorcio aeronáutico liderado por EADS, que “ha quedado en suspenso por una investigación por corrupción de su cúpula directiva” aseguran.
Pero la punta de lanza de la argumentación de estas plataformas es precisamente la propia legislación catalana, ya que ‘chocaría’ con la Ley de Fomento de la Paz, aprobada por el Parlamento autonómico en 2003, que “obliga al fomento del desarme global”
“Es por todo ello que pedimos al Gobierno de la Generalidad de Cataluña que, para ser consecuente con la promoción de una cultura de paz y de protección de los derechos humanos, y en estricto cumplimiento de la Ley 21/2003 de Fomento de la Paz, no dé ningún apoyo a este ni a ningún otro proyecto de instalación de industria de guerra en tierras catalanas”, finaliza el escrito.