¿Creemos a los policías o no?
La polémica sobre la multa a Esperanza Aguirre y su posterior fuga ha suscitado, de rebote, una discusión de bastante trasfondo: la fiabilidad de las denuncias y los atestados redactados por los agentes del orden.
Para empezar, en este conflicto se ha visualizado de nuevo, con nitidez, la polarización ideológica, los dos bloques: izquierda y derecha.
Desde la izquierda, y por tanto en posiciones contrarias a Esperanza Aguirre, se ha concedido la máxima credibilidad a los escritos elaborados, tras el incidente, por los agentes de movilidad y la policía municipal. Según ese punto de vista, lo ocurrido coincide exactamente con el relato entregado: multa por aparcar en carril bus-taxi y posterior fuga de la implicada. Y exhiben el principio de presunción de veracidad, al tratarse de agentes de la autoridad.
Desde la derecha, la posición se resume aceptar a pies juntillas los desmentidos y negativas de la presidenta del PP de Madrid, y creer las acusaciones que formula contra quienes protagonizaron la multa y persecución: hubo prepotencia, machismo y hasta retención ilegal, buscaban hacerle la foto, etc., etc.
Al hilo de todo esto, ha saltado la cuestión de la credibilidad, fiabilidad y condición de prueba ante los tribunales de los partes y denuncias presentados por los agentes del orden.
Sobre esto, los dos sectores ideológicos han argumentado de igual forma, aunque sacando conclusiones absolutamente contrarias.
Unos dicen. Si creemos a pies juntillas la denuncia de los agentes en relación con el suceso de la multa a Esperanza Aguirre, entonces también habrá que dar la máxima fiabilidad a las que presentan los agentes antidisturbios en incidentes como los ocurridos en las manifestaciones del 22-M (marchas de la dignidad) y 29-M (periodistas e informadores golpeados). Esto, desde la derecha.
Los otros dicen lo mismo, pero al revés. Si no admitimos como prueba el testimonio de los agentes municipales que intervinieron en el suceso de la multa y fuga de Aguirre, entonces tampoco deberemos creer los atestados e informes presentados tras los incidentes del 22 y 29 de marzo. Esto, desde la izquierda.
Y pienso que ambos planteamientos tienen fundamento. Porque hay que ser consecuentes. Si se concede presunción de veracidad a los agentes del orden, habrá que aplicar siempre ese principio, cualesquiera que sean los afectados, incluso gente de mi propio partido. Y a la inversa: si no son fiables, no lo son nunca, sin que dependa a quién o a quiénes atañen.
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