Etarras a casa... con cuidado
El acercamiento de los presos etarras al País Vasco ha dado ya el primer paso, consecuencia del pacto que han negociado Gobierno y PNV por el cual los nacionalistas han respaldado los Presupuestos de 2017, aprobados ya en el Congreso y que ahora cerraran sin problemas su tramitación en el Senado, donde el PP no necesita ayudas porque disfruta de mayoría absoluta.
Ha sido un paso cauteloso, casi silencioso, que apenas ha contado nadie, aunque sí El Confidencial Digital, y por ahora sin repercusiones graves en la opinión pública. Ese acercamiento de presos forma parte de la llamada “Agenda Vasca”, el guión de objetivos principales del Ejecutivo que preside Urkullu.
En efecto, ambas partes han acordado proceder al traslado de miembros de la banda terrorista encerrados en las diversas prisiones del país, pero procurando no hacer demasiado ruido. Es interés sobre todo del Gobierno de Mariano Rajoy, que en el pasado pagó elevados precios por una serie de incomprensibles e inexplicadas decisiones relacionadas con ETA.
Dentro del acuerdo, se ha entrado en la fase de elaborar las listas de beneficiados, que tendrán de encajar en las condiciones pactadas. Básicamente, el acuerdo es trasladar al País Vasco presos etarras sin delitos de sangre, y también aquellos que, aun teniendo delitos de sangre, se encuentran aquejados de una “enfermedad grave”.
Lo de ausencia de delitos de sangre constituye un dato objetivo, demostrable y comprobable. Aquí va a ser difícil la discrecionalidad y la manga ancha. Asunto distinto es lo de la “enfermedad grave”. ¿Qué se entiende exactamente por esa formulación? Por poner un ejemplo: ¿sufrir un cáncer entra en esa clasificación? ¿Cualquier cáncer? ¿Incluso aquellos que no van a provocar la muerte? ¿Y padecer una dolencia cardiaca?
Las preguntas resultan pertinentes, porque muy pocos han olvidado lo ocurrido con el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga. Fue uno de los secuestradores de Ortega Lara, estaba condenado por el asesinato de tres guardias civiles, y quedó en libertad y pudo volver a su pueblo porque sufría “un cáncer terminal”. Así se dijo oficialmente.
El problema es que, como se demostró, no era tan “terminal”. Bolinaga quedó en libertad en agosto de 2012 pero falleció dos años y medio después. Dos años y medio durante los cuales residió tranquilamente en su pueblo, Mondragón, en el que se le vio de chiquitos por los bares con bastante normalidad. El episodio exasperó a las familias de víctimas del terrorismo, y desgastó políticamente al PP y a Mariano Rajoy.
A los nuevos beneficiarios se les exigirá una declaración de arrepentimiento, la que se demandado a quienes se han acogido a la “Vía Nanclares” para lograr beneficios penitenciarios, como el acercamiento o la solicitud de un tercer grado que les permita salir de prisión.
El Gobierno, que ya dispone de un registro de presos que no han cometido delitos de sangre o que padecen una enfermedad, se ha comprometido con Ajuria Enea a elaborar un calendario de actuaciones para lo que queda de legislatura.
En el caso de los enfermos, funcionarios de prisiones insisten en que esa lista debe actualizarse y revisarse.
Se va pues a poner en marcha el acercamiento de etarras condenados. Las prisiones de destino serán Zaragoza (Duera y Zuera), Burgos, Soria, Teruel, León y Asturias, además de las propias del País Vasco.
Desde el Gobierno se escucha que van a hacerlo poco a poco, con prudencia, que no será un movimiento ni de golpe ni masivo. Más les vale. Pero donde deberán tener máximo cuidado es en el caso de los incluidos en el apartado de “enfermedad grave”, ya que para ese supuesto no rige el requisito de no estar condenado por delito de sangre.
Imagino que el Gobierno no querrá volver a equivocarse. Demasiado delicado va a ser gestionar todo este ‘Ongi etorri’ a los etarras que vuelvan a casa, como para repetir otro “caso Bolinaga”. Sería de una torpeza total.
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