“Es ilegal… pero os tenemos a todos fichados”
Santiago Vidal, ex juez, ex senador de Esquerra, partido que integra el actual ejecutivo catalán, la ha montado parda con sus revelaciones de que la Generalitat se ha hecho, de forma ilegal, con los datos fiscales de todos los catalanes.
Evidentemente, se trata de una flagrante ilegalidad, porque son informaciones protegidas por la ley de bases de datos, además de constituir una situación muy preocupante para los contribuyentes. Vidal se ha mostrado claro. Ha advertido a sus conciudadanos: “Estáis todos fichados”.
El ex senador ha revelado otros asuntos escandalosos, como por ejemplo que desde el gobierno regional se ha identificado y localizado qué jueces destinados en Cataluña comparten el objetivo independentista: son 300 del total de 801. Y también ha descubierto que en los presupuestos se esconden 400 millones de euros para organizar el referéndum y construir las estructura del futuro estado catalán.
Ha afirmado igualmente que el consejero de exteriores, Raúl Romeva, ha contactado con 11 estados europeos que apoyarían una declaración de independencia, entre ellos Letonia, Lituania y Eslovenia. Y que tiene un “preacuerdo” para que esa hipotética Cataluña independiente, sin fuerzas armadas, participe en la OTAN aportando ayuda humanitaria.
Según el ex juez, un gobierno extranjero, no europeo, está instruyendo a una unidad de los mossos en tácticas de contraespionaje (todo el mundo mira a Israel), y la policía autonómica tiene en marcha una investigación para identificar a los agentes del CNI infiltrados.
Volviendo al robo de datos tributarios, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado una investigación, "en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos". La fiscalía en Cataluña ha abierto diligencias, porque los hechos pueden suponer "una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos" y la comisión de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Cuando se implantó en España el actual sistema autonómico, uno de los argumentos de fondo fue que la cercanía, la proximidad de los órganos de administración, permitiría una gestión mucho más acertada y eficaz, gracias al mejor conocimiento de las necesidades locales y de los deseos de los habitantes.
Aparte de otros análisis, vistos los presupuestos de cada autonomía y el número de funcionarios y empleados existentes, junto con los servicios prestados, no estoy muy seguro de que algo así esté ocurriendo.
Pero, sobre todo, la famosa proximidad presenta dificultades añadidas, porque las respectivas autoridades tienen el alcance de la mano un conocimiento casi exhaustivo de los perfiles, personales, económicos y hasta ideológicos, de todos y cada uno de los ciudadanos, como acaba de verse con las revelaciones del ex senador Vidal.
Una situación alarmante y peligrosa que se ve agravada cuando al frente de los gobiernos regionales hay formaciones que pretenden imponer a la población opciones que no tienen el consenso de esa sociedad. Que se lo digan a los catalanes que no comulgan con el proyecto soberanista. Que se lo digan también a los navarros.
Y lo peor es que esa práctica, ese condicionar la vida de los ciudadanos, no ha hecho más que empezar. La capacidad de presión y de mediatización, utilizando los datos disponibles, recurriendo al boletín oficial regional, y también al dinero público, sin olvidar las policías autonómicas, puede convertirse en insoportable.
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