Qué puede y qué no puede hacer el rey
Felipe VI afronta una de las situaciones más complejas como Jefe del Estado desde que llegó al trono: la nominación de candidato a presidente del Gobierno, como consecuencia del resultado en las elecciones generales del 20-D.
El artículo 62 de la Constitución, en su apartado d), señala que corresponde al rey "Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo". Es lo que se pondrá en marcha una vez constituidas las nuevas Cortes, el 13 de enero, y que su presidente notifique al monarca la composición de la Cámara.
A partir de ese día comenzará la ronda de audiencias de Felipe VI a los representantes de todos los partidos que han conseguido diputados, a los que irá escuchando para, al final, decidir qué persona podrá intentar formar Gobierno.
Así lo regula también el artículo 99.1 de la Carta Magna, cuando dice que "el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".
Así pues, a mediados de enero Felipe VI se estrenará en esa destacada competencia constitucional, que ejercerá por vez primera.
Según los constitucionalistas, lo previsto en los dos artículos citados representan "la única función del monarca dotada de cierto margen de discrecionalidad".
En efecto, será el rey quien tomará en solitario la decisión sobre qué persona deberá intentar la investidura.
Lo hará a partir de lo que escuche a los representantes de los partidos, que le informarán de sus respectivas posiciones sobre si aspiran a ser nominados candidatos en este primer intento (todo indica que el único que lo manifestará será Mariano Rajoy), en su caso detallarán con qué apoyos cuentan para obtener una mayoría suficiente, y el resto de grupos expresarán a quién van a apoyar y a quién no.
Con esos datos, considerando las posibilidades reales de cada candidato si hubiera más de uno, designará a la persona que se someterá a la investidura por el Congreso.
Según los constitucionalistas, desde un punto de vista teórico "su facultad de propuesta es absoluta y libérrima", sólo limitada por las consultas con los representantes de los partidos, que "a su vez no le vinculan ni le atan su voluntad".
Sin embargo, en la historia de la actual democracia, en todos los casos el monarca nominó al cabeza de lista del partido más votado, que es lo que dicta la lógica. Y, sin excepción, todos ellos lograron mayoría suficiente.
¿Podría Felipe VI no designar al líder del primer partido? Podría, en efecto, si concluyera que no tenía opciones de alcanzar los votos necesarios. Algo en principio improbable, porque hay que suponer que, de aquí a mediados de enero, el Partido Popular negociará los apoyos (y las abstenciones) necesarios. Aunque lo veremos cuando se vote.
Desde luego, si el representante del primer partido le ofrece garantías de que tiene los apoyos, el monarca no "podría", desde un punto de vista práctico, designar a otro.
La novedad de la actual coyuntura es que las representaciones alcanzadas se sitúan muy lejos de la mayoría absoluta, y que, además, no basta ya la suma de solo dos partidos para conseguirla.
Es decir que, con ese panorama, no resulta del todo imposible que el primer candidato, previsiblemente Mariano Rajoy, no consiga suficientes votos del Pleno del Congreso y, en consecuencia, haya que buscar otra opción.
Se produciría una novedad que hasta ahora nunca hemos visto en España: que el rey nombre a una segunda persona para que intente la investidura.
Aunque no existan precedentes ni normativa concreta que aplicar, es de suponer que, de cara a esa nueva designación, Felipe VI tendría que repetir la ronda de consultas con los representantes de los partidos, para conocer sus intenciones y así concluir quién podría afrontar la nominación con algunas garantías.
Y de nuevo deberá comunicar, a partir de los datos recogidos, quién está en condiciones de lograrlo. Una nueva decisión discrecional por parte del monarca, que será adoptada en función de las informaciones recibidas y de lo que él mismo hable con los distintos representantes.
Siguiendo con ese supuesto, la lógica política indica que debería encargar formar Gobierno a la segunda lista más votada, en este caso el representante socialista, Pedro Sánchez.
Lo dicho. Felipe VI afronta un momento trascendental, en el que, según se desarrollen los acontecimientos, él mismo tiene también algo en juego.
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