La tarea pendiente del rey
Dos días, lunes y martes, va a dedicar el rey a escuchar a las formaciones parlamentarias, con una pregunta única: ¿existe algún candidato que tenga votos suficientes para intentar con garantías de éxito la investidura como presidente del Gobierno?
A estas alturas, y salvo un muy poco probable giro copernicano, la convicción más firme es que escuchará una respuesta negativa. Y, por tanto, a continuación procederá a la disolución de las actuales Cortes, las más fugaces de nuestra historia democrática, y a la convocatoria de elecciones generales en fecha fija, el 26 de junio.
Aplicará así el artículo 99.5 de la Constitución, que establece que, si no se consigue la investidura en el plazo de dos meses desde la primera votación, “el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso”.
Será la primera vez que ocurra, porque hasta ahora las investiduras se habían conseguido, en primera o segunda votación.
Las palabras “el rey disolverá” parecen atribuir al monarca alguna competencia directa, alguna capacidad discrecional, como si se tratara de un acto suyo y sujeto a su libre voluntad, pero en realidad no es así. Continuamos dentro del marco de la Constitución, en su artículo 64.2, que dispone que los actos del rey necesitan refrendo, por el presidente del Gobierno o por los ministros competentes, y en el caso de la disolución de las Cortes por el titular del Congreso.
En esta compleja coyuntura política que está viviendo el país, las miradas se han posado también sobre Felipe VI y su participación directa en el proceso de investidura. Un trámite que, al haber resultado fallido, marca de alguna manera a todos los participantes. El rey incluido.
El fracaso de tener que recurrir a unas segunda elecciones atañe en exclusiva a los partidos políticos, únicos protagonistas y dueños de voluntades y estrategias. Pero, de rebote, ha implicado al monarca. Aunque solo sea como organizador y conductor de las consultas a las fuerzas políticas, y como traductor de los mensajes escuchados.
Con el apoyo del equipo de la Casa del Rey, la intervención de Felipe VI en el proceso ha venido marcada, como queda bien claro al analizarlo, por los principios de neutralidad, legalidad, transparencia… y también bastante mesura. No ha buscado protagonismos, que no necesita y que podrían perjudicarle, y se ha ceñido estrictamente a los requisitos constitucionales.
Así que en esta hora del rey, la última por el momento, el balance de su gestión resulta impecable. Las encuestas concluyen que su participación merece el aprobado del 54% de los españoles. Corta me parece la cifra.
Pero aún le queda tajo por delante. Una vez se conozcan los resultados del 26-J, deberá tomar de nuevo las riendas del proceso de nominación del candidato a presidir el Gobierno. Esperemos que el veredicto de las urnas, junto con los aprendizajes que hayan alcanzado estos meses las fuerzas políticas, conviertan ese nuevo intento en un éxito. Lo agradeceríamos todos. En caso contrario, entraríamos en un atolladero de consecuencias imprevisibles.
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