O sea, que el Estado va en serio en Cataluña
Mariano Rajoy ha dicho en más de una ocasión que él es una persona "previsible". Y que, por tanto, resulta fácil adivinar por dónde va a ir. O sea, que sorpresas, sorpresas, no suele dar.
El presidente del Gobierno anunció, y lo ha repetido muchas veces, que el Gobierno reaccionará ante el desafío separatista catalán con "proporcionalidad y firmeza". Y lo está haciendo. Proclamó que no permitiría de ninguna forma una consulta ilegal, y que pondrá en juego todos los medios del Estado, todos, y lo va cumpliendo.
Las providencias que va tomando el Ejecutivo han sido, en efecto, graduales, adecuadas a cada reto que procedía desde la Generalitat y el Parlamento Catalán.
A cada decisión, acuerdo, ley, decreto autonómico, se ha ido respondiendo vez tras vez y en la medida adecuada a cada desafío. En general, cuidando de no pasarse, pero también de no quedarse corto.
Lo de la firmeza está empezando a visualizarse estos días con bastante contundencia. Porque ya no se trata de providencias judiciales sin más, de autos de los tribunales, incluso de citaciones. Ahora se va a por los alcaldes que no comparezcan en el juzgado: serán conducidos por las fuerzas del orden.
La Guardia Civil ha entrado en imprentas, en compañías de reparto de correspondencia, se ha incautado de millones de citaciones para formar parte de mesas electorales, de carteles publicitarios...
Miles de agentes antidisturbios se encuentran ya en Cataluña, otros llegarán después, y otros están preparados en las provincias limítrofes.
Pero lo más aparatoso ha sido la intervención de las cuentas de la Generalitat (incluyendo bloquear las tarjetas de crédito de los consellers) y, ayer, la detención de catorce altos cargos. Catorce.
Los promotores del desaguisado independentista parecen ahora no creerse la tormenta que les ha caído encima. Quizá pensaban que no se atreverían con ellos, que el Gobierno no llegaría hasta el final.
En fin, que han comprobado que el Estado va en serio en Cataluña.
Y no lo hemos visto todo. Quedan cosas por aplicar. Porque la consigna del Gobierno a todos los concernidos es rotunda: no puede haber, no va haber, un referéndum ilegal en Cataluña.
Y me parece que, en efecto, no lo habrá
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