Atención: cárcel por las Preferentes
Los abogados comienzan a utilizar palabras gruesas al analizar el caso de las Preferentes. No se andan con chiquitas. Hablan de presuntos delitos de estafa, falsedad documental y penas de cárcel.
No es para menos. Los datos que están trascendiendo sobre este asunto son tremendos. Un botón de muestra: el 80% de los afectados supera los 65 años. Un crimen.
Ancianos, pensionistas y ahorradores en general firmaron unos acuerdos pensando que invertían en un producto conservador mientras se entrampaban –sin comerlo ni beberlo- en el mercado de alto riesgo.
Hay 200 demandas presentadas pero antes de verano se podría llegar a las 1.000 reclamaciones.
La novedad, como digo, es que se empieza a contemplar seriamente el salto de la vía civil a la vía penal. Los demandantes ya no piden únicamente la anulación del contrato. Ahora exigen penas de prisión para los empleados que comercializaron estos productos y los directivos que impulsaban esta política.
La vía penal es recomendable ahora porque es más fácil obtener un fallo favorable a las reclamaciones civiles por este camino. Por último, este trámite no exige el pago de tasas judiciales mientras que la demanda civil, sí.
Hay directivos de banca que pueden ser acusados en breve de estafa, falsedad en documento mercantil, publicidad engañosa, apropiación indebida, omisión del deber de denuncia y maquinación para alterar el precio de las cosas. Se manejan penas de hasta seis años de cárcel.
Quizás los abogados estén buscando en este frente únicamente negocio y notoriedad (que es otra forma de negocio). Pero personalmente esto me importa bien poco.
No se puede engañar a las personas. Mucho menos a los ancianos. Y menos todavía, especular con sus ahorros de toda la vida; un dinero ganado –en muchos casos- con grandes privaciones y sacrificios.
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