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Las reprobaciones, figuras aparentes e inútiles

Las reprobaciones políticas se han puesto de moda. La desaparición de las mayorías absolutas han permitido la floración en sede parlamentaria de estas singulares figuras, tan aparentes como inútiles.

Para empezar, no están recogidas en ningún reglamento. La Constitución regula la moción de censura pero no contempla la reprobación y mucho menos que un ministro o un alcalde deba abandonar su cargo tras perder la confianza de la cámara o el consistorio. En la práctica se trata, por tanto, de un simple tirón de orejas. Un gesto de cara a la galería.

Hasta ahora apenas se había logrado reunir el consenso necesario para aprobar estos castigos. Apenas hay precedentes.

En 1981 el PSOE abrió la veda proponiendo la reprobación de cinco ministros por la gestión de del síndrome tóxico por el aceite de colza desnaturalizado que mató a 700 personas y provocó deformaciones en otras 20.000. La moción no salió adelante pero la Mesa del Congreso abrió la puerta a que fueran planteadas.

Desde aquella fecha, varios ministros han estado a punto de sufrir esta ‘pena parlamentaria’. Entre ellos, el propio Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior, Carme Chacón, Miguel Ángel Moratinos (por dos veces), Fernando Ledesma, Miguel Arias Cañete y Rafael Arias Salgado.

La socialista Magdalena Álvarez fue la primera integrante de un Gobierno reprobada en el Senado durante la democracia. La culpa la tuvo su mala gestión –a juicio de una mayoría de senadores- de las infraestructuras en Cataluña cuando ejercía como ministra de Fomento.

También fueron sometidos a prueba Francisco Álvarez Cascos, Josep Piqué, Pío Cabanillas, Celia Villalobos y Federico Trillo. Todos ellos salieron indemnes de la moción de reprobación, lo mismo que le ocurrió a socialistas como Pedro Solbes, José Montilla, José Antonio Alonso, María Antonia Trujillo, Carlos Solchaga, Josep Borrell, Carlos Romero, Tomás de la Quadra, Fernando Morán y Javier Moscoso.

El pasado mes de mayo todo cambió. El ministro de Justicia Rafael Catalá fue reprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados. Perdió –se dijo- la confianza del Parlamento por “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”. Al parecer, en unas semanas le tocará el turno al titular de Hacienda, Cristobal Montoro.

Qué quieren que les diga. Parecen simples fuegos artificiales. Bien podríamos ahorrarnos el espectáculo.

Todo el mundo tiene derecho al pataleo, faltaría más. Pero sería bueno evitar estos paripés que, además, cuestan dinero. A sus señorías les pagamos todos los españoles: sería bueno que dedicaran su tiempo a cuestiones realmente productivas.

Más en twitter: @javierfumero

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Javier Fumero

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