Responsabilidades penales de los miembros de la Familia Real: todos tendrán inmunidad pero no en caso de actividades privadas, según la futura ley de la Corona

La futura ley orgánica sobre la Casa Real, que se encuentra en fase avanzada de elaboración, abordará la cuestión de las posibles responsabilidades penales de los miembros de la Familia Real. El caso Urdangarín y la imputación de la infanta Cristina están detrás. La actual redacción concede inmunidad a todos ellos, aunque con alguna limitación.

Las conversaciones entre el Gobierno y La Zarzuela para la redacción de esa ley orgánica, que cubrirá el vacío provocado por la inexistencia de una “ley de la Corona”, están muy avanzadas, aunque la redacción final y el debate parlamentario todavía tendrán que esperar un tiempo, según fuentes gubernamentales a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital.

Por parte del Gobierno, una comisión de expertos, designada por el ministerio de Justicia, trabaja desde hace tiempo en la redacción de esa nueva norma, aunque en todo momento en contacto con la Casa del Rey.

Aforados, igual que diputados y senadores

De acuerdo con la información obtenida por ECD, el texto de la futura ley orgánica atribuirá a todos los integrantes de la Familia Real la condición de aforados, algo que actualmente no ocurre y que ha hecho posible que la infanta Cristina se haya visto imputada por un juez de instrucción de Palma de Mallorca sin cubrir ningún otro trámite o condición.

El aforamiento supondrá que los miembros de la Familia Real tengan la misma condición que los diputados, los senadores y los actos cargos autonómicos. En su caso, solamente podrán ser procesados y juzgados por el Tribunal Supremo, y no por los jueces y tribunales ordinarios.

Inmunidad para el príncipe

En su actual redacción, la futura ley de la Corona equiparará la situación del príncipe heredero a la del propio rey, que ahora, según la Constitución de 1978 goza de inviolabilidad. Es decir, que ninguno de sus actos podrá ser llevado ante los tribunales.

Actualmente, Felipe de Borbón no goza de ninguna protección jurídica especial, por lo que, como ha ocurrido con la infanta Cristina, si se produjera una demanda contra él, tendría que responder ante los jueces ordinarios.

Y para todos

 

Igualmente, se otorgará inmunidad a todos los integrantes de la Familia Real, que por tanto no podrán ser objetos de procedimiento judicial contra ellos. Pero se trata de una inmunidad limitada, porque solamente afectará a actos realizados en el ejercicio de sus funciones de representación.

La inmunidad no se aplicará a cualquier otra actividad que realice un miembro de la familia fuera del ámbito público y oficial. No alcanzara a actividades privadas como las que realizó Iñaki Urdangarín con el Instituto Nóos. Si alguien fundara una empresa privada, y a través de ella cometiera cualquier delito, sería juzgado por ello.

No obstante, se les protegerá en el caso de que ostenten la presidencia honorífica de una entidad que cometa delito, porque esa presidencia se recibió por ser miembro de la Familia Real.

Se regula la renuncia a los derechos

La futura ley de la Corona establecerá el procedimiento para la renuncia a los derechos al trono por parte de un miembro de la Familia Real.

Se trata de una previsión que no está contemplada en la Constitución, que lo único que dice es que esa eventualidad se regulará mediante una ley orgánica.

La ley admitirá la posibilidad de que los hijos del rey, incluido el príncipe o la princesa herederos, renuncien al cargo, si bien todavía no se ha concretado el mecanismo exacto para proceder a ello.

De acuerdo con las fuentes consultadas por ECD, el modelo que se está considerando es el que actualmente ya existe en la casa real británica, donde se aplica esa opción y a cambio se pierden una serie de derechos bien definidos.

Acuerdos con el PSOE

Dada la importancia de una norma como la ley de la Corona, el Gobierno desea que se llegue a un texto de máximo consenso parlamentario.

De hecho, se están manteniendo contactos regulares con el PSOE, en la línea de que la ley tenga el respaldo de los dos partidos mayoritarios, y hasta ahora los acuerdos están siendo amplios.

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