Jueves 22/06/2017. Actualizado 13:41h

  • this image alt

elconfidencialdigital.com elconfidencialdigital.com

La web de las personas informadas que desean estar más informadas

·Publicidad·

Dinero

Negociaciones más allá de las seis condiciones anti-corrupción

Albert Rivera no solo exige, también cede: sí a las diputaciones con un tijeretazo de 1.000 millones

Está dispuesto a aceptar ahora mantener los organismos locales a cambio de suprimir cargos políticos, asesores y traspaso de competencias a las comunidades autónomas

    • Facebook (Me gusta)
    • Tweetea!
    • Google Plus One
  • Compartir:

Este martes no era la primera vez que Albert Rivera convocaba una comparecencia para hacer anuncios importantes antes de empezar a negociar la posibilidad de un Gobierno. Ya lo hizo tras las elecciones del 20-D en la víspera de la firma de su pacto con Pedro Sánchez. Hay, además, otras condiciones más allá de las seis medidas anti-corrupción.


Albert Rivera. Albert Rivera.

En aquel momento, Rivera exigió al PSOE precisamente la supresión de las diputaciones provinciales. Sánchez aceptó inmediatamente y se entendió que las exigencias habían sido  pactadas previamente.

Ciudadanos acordó después con los socialistas la eliminación de las diputaciones para sustituirlas por consejos de alcaldes. Aunque el PP se opuso entonces, ahora se ha mostrado dispuesto a negociar sobre estos organismos.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a C’s, Albert Rivera reclama ahora, no tanto la supresión de esa administración local como la reducción significativa del llamado “gasto político”, y que implica cargos y sueldos para ex dirigentes de los dos grandes partidos hasta ahora en el poder, es decir, PP y PSOE.

Se busca un ahorro de 1.000 millones

Según las fuentes consultadas, el plan de Ciudadanos contempla un ahorro de 1.000 millones. Supone reducir el 20% del gasto total de las diputaciones, cifrado en 6.000 millones de euros.

Plantea para conseguirlo suprimir cargos políticos, asesores, la infraestructura de esos cargos políticos y una serie de transferencias -básicamente educación y servicios sociales- que pasarían a las comunidades autónomas.