Jueves 08/12/2016. Actualizado 18:06h

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Dinero

La cárcel para los “Albertos” vuelve a estar en manos del Tribunal Supremo, y el enfrentamiento con el TC podría acabar en manos del Rey

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La posibilidad de que los “Albertos” acaben definitivamente en la cárcel por el “caso Urbanor” no está del todo cerrada, porque la sentencia se encuentra otra vez en manos del Tribunal Supremo, que ya les condenó y que deberá tomar una decisión en las próximas semanas. Tiene que ver si hace caso al Constitucional.

Según ha informado La Gaceta de los Negocios, la pasada semana entró en el Supremo la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó la prescripción del “caso Urbanor” (la estafa por la venta de los terrenos donde se construyó Puerta Europa, en la Plaza de Castilla), con el fin de que sea reformada la anterior sentencia del Supremo, que condenaba a prisión a los dos primos, de forma que queden libres porque el asunto habría prescrito.

De acuerdo con las informaciones del citado diario, el Tribunal Supremo tiene dos opciones. La primera, admitir la opinión del TC y reformar su anterior fallo, dejando definitivamente libres a los “Albertos”; la segunda, mantenerse en su posición de que el Tribunal Constitucional ha invadido un terreno jurisdiccional (la regulación de la prescripción) que no le corresponde, en el que la autoridad máxima y única es el Supremo.

Esta última decisión significaría no hacer caso a la sentencia del Constitucional, y por tanto ordenar la entrada en prisión Alberto Cortina y Alberto Alcocer. No obstante, estos últimos podrían interponer de nuevo recurso ante el TC, y todo volvería a empezar de nuevo.

Al margen de si, definitivamente, los “Albertos” entran o no en la cárcel, una negativa del Tribunal Supremo a aplicar la sentencia del TC constituiría una situación nunca conocida en España.

Algunos juristas apuntan que el Supremo, a pesar de la durísima nota que dio a conocer a raíz de la sentencia del TC imponiendo su criterio sobre la prescripción, “no se atreverá” a plantarse, no por falta de razones, ni por ausencia de ganas, sino para no provocar un escándalo nacional y en atención a la paz social y jurisdiccional.

Con todo, si mantuviera sus posiciones y no aplicara la doctrina del Tribunal Constitucional, éste podría plantear un conflicto institucional, que acabaría en manos de don Juan Carlos, precisamente viejo amigo de los “Albertos”. Sería también un hecho absolutamente nuevo. El artículo 56 de la Constitución estipula que el Rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, una atribución, sin embargo, que está sin regular.