Análisis: Los últimos movimientos de Montilla le confirman como el ministro económico más “político” y antítesis de Solbes

El Gobierno tiene por delante una difícil papeleta: liberalizar el sector eléctrico y energético de manera efectiva, favoreciendo la competencia pero impidiendo que, tras el lógico descenso inicial, los precios se disparen. En esta tesitura, el análisis del modo de actuar del ministro de Industria, José Montilla, deja traslucir su perfil de gobernante netamente político por encima del económico. La primera medida ideada por Montilla para intentar dar con la “cuadratura del círculo” ante el desafío tarifario ha sido escuchar a los órganos reguladores. Una petición de pareceres que, sin embargo, parece esconder una actitud un tanto ficticia, como ahora se verá. En primer lugar, el Ministerio de Industria hizo saber a los tres operadores de telefonía móvil —Movistar, Vodafone y Amena—que el principal objetivo que pretende lograr con el impulso a los operadores móviles virtuales —empresas sin red propia que revenden minutos adquiridos a los operadores con red— es la reducción de precios en las llamadas de móvil a móvil y de móvil a fijo, especialmente en el segmento de tarjetas prepago, el más popular y el que utilizan los clientes con menor poder adquisitivo. Además, se le ha pedido a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que estudie el modo de proceder de los principales mercados europeos y evalúe la conveniencia de forzar la entrada en España de esos operadores virtuales, un informe técnico del que, sorprendentemente, Montilla parece tomar distancias. Por otro lado se encuentra el Libro blanco de la generación eléctrica, encargado en noviembre de 2004 al catedrático Ignacio Pérez Arriaga. Este documento no deja lugar a dudas: se debe acometer una reforma del sector energético con carácter de urgencia, que incluye la limitación del poder de mercado de las dos grandes empresas, Endesa e Iberdrola. Se denuncia, concretamente, el poder de las grandes compañías para manipular los precios del mercado mayorista, donde cada día se armoniza la oferta y la demanda de kilovatios y su precio. Sin embargo, el ministro Montilla ha vuelto a marcar distancias con este trabajo, subrayando su carácter consultivo y no vinculante pues el político catalán no quiere provocar “terremotos” innecesarios en el sector, con caídas fulgurantes en bolsa o incomodar a las grandes familias empresariales. No obstante, ha aprovechado el recetario de Arriaga para mandar un mensaje inequívoco al sector. Ahora tiene la palabra la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que debe emitir este mes de septiembre un parecer sobre las medidas adelantadas en el Libro blanco. Así, Montilla tiene tiempo para planear su estrategia y convencer a las partes implicadas de la conveniencia de evolucionar en la dirección adecuada. Según destacados analistas del sector, esta forma de proceder pone en evidencia el marcado carácter “político” del ministro de Industria, un área económica que podría estar dirigida por un hombre de perfil más técnico que no trabajara única y exclusivamente en clave política. De hecho, para algunos José Montilla estaría convirtiéndose en el Gobierno en la antítesis de Pedro Solbes, el “contable” perfecto, siempre al margen de las maniobras políticas, únicamente preocupado de fomentar aquellas medidas que ayuden a cuadrar las cuentas públicas.