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Bacigalupo Zapater, uno de los juristas que sentenció a Gómez de Liaño, archiva la denuncia contra Montilla y Fornesa por la condonación de la deuda al PSC

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la mano de Enrique Bacigalupo Zapater, archivó el pasado martes 4 de abril la denuncia presentada por Cross Country y La Liga Española Pro-derechos Humanos contra el actual Ministro de Industria, José Montilla, y el presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa. El Supremo considera que los hechos denunciados no son “constitutivos de ilícito penal alguno”.

Según las informaciones recogidas por El Confidencial Digital, la denuncia de Cross Country y La Liga Española Pro-derechos Humanos, relacionada con la condonación de la deuda del PSC acordada por la entidad de ahorro, no ha sido admitida por la Sala Penal del Supremo por falta de pruebas.   El fiscal, Enrique Bacigalupo Zapater, considera en el auto de respuesta que los demandantes -en este caso la acusación particular- “limitan su contenido a informaciones periodísticas sin confirmar, sin aportar un apoyo de sus pretensiones, datos de conocimiento propio, ni documentación alguna”.   El Supremo, por otro lado, procede al archivo de la denuncia al considerar que Montilla no era un funcionario público cuando era secretario general del PSC en 1994. Los juristas consultados por este confidencial aseguran que Montilla era funcionario público entonces “y sigue siéndolo como ministro actualmente –por la autoridad del cargo-”. “Por mucho menos se ha llegado a condenar a otros trabajadores”, concluyen.   Hay que recordar que la parte demandante acusaba a Montilla de un “supuesto delito de apropiación indebida, tráfico de influencias y delito societario”, por la condonación de deuda de La Caixa al PSC por un valor superior a los seis millones de euros.   Según ha podido saber este confidencial, la defensa de la acusación particular remitió en el día de ayer un recurso al Tribunal Supremo solicitando, entre otras cuestiones, que se investiguen las cuentas de La Caixa en lo referente a la condonación de la deuda a Montilla.   Enrique Bacigalupo y Gregorio García Ancos votaron en 1996 a favor en la sentencia contra el juez Javier Gómez de Liaño por los autos dictados en el caso Sogecable, al considerar que Liaño se extralimitó al arbitrio que le concedía la ley.