Bankinter es ahora el objetivo. Los inversores castigados por la quiebra de Lehman Brothers contratan a los despachos de abogados Zunzunegui, Mas y Calvet y Lexland

Tal y como ha podido saber El Confidencial Digital, aquellos que se han visto afectados por las repercusiones de la entrada en bancarrota del gigante de la banca americana Lehman Bothers –amplíe aquí esta información- ya han puesto la defensa de sus intereses y ahorros en manos de abogados.

Desde Lexland, uno de los despachos que se ha hecho cargo de estos particulares, señalan que la quiebra de Lehman Brothers afecta a todos aquellos inversores que tengan bonos u otros instrumentos financieros emitidos por la entidad estadounidense. “Con la declaración judicial de quiebra dichos productos se convierten en créditos concursales”, amplían.

El grueso de esta ‘contaminación’ ha recaído en la cartera de productos estructurados de Banif y Bankinter fundamentalmente, además de los dueños de otros bonos y fondos emitidos o garantizados por el banco de inversión estadounidense, como Barclays, Citibank o Altae, la firma de banca privada de Caja Madrid.

Una vez iniciado el rodaje de los trámites legales para proteger los intereses de los clientes de la filial del Santander, aquellos que se han visto salpicados por poseer productos similares pero comercializados por Bankinter, han tomado el relevo. Se trata de los titulares de los Bonos Fortaleza y Bacom o DepoClick, entre otros.

Fuentes oficiales de Bankinter apuntan que su entidad es “una más de entre tantas otras españolas” que han comercializado estos productos y que en su caso, afecta a unos 980 clientes en toda España que aglutinan un importe total de 80 millones de euros (1.300 millones es la cifra final para el conjunto español).

“Son usuarios de los segmentos económicos más altos, con inversiones de un mínimo de 50.000 euros y gestionados desde nuestras divisiones de banca y finanzas privada. Todos ellos con conocimientos financieros y cualificados para entender el funcionamiento de estos bonos”, afirman.

“Nuestro perfil medio no es el de un inversor especulativo, sino el de particulares que hemos depositado nuestros ahorros y nuestra confianza en nuestro banco de toda la vida”, reivindican por su parte un buen número de esos afectados.  

El banco presidido por Pedro Guerrero ha ofrecido a todos los clientes en esta situación los servicios de despachos de abogados de primera línea en Londres, Ámsterdam y Nueva York, ciudades donde se celebrarán los concursos de acreedores de Lehman.

“Corremos con los gastos jurídicos y administrativos y la gran mayoría de los perjudicados están solicitando esta posibilidad”, añaden desde la entidad. Aún se desconocen las fechas para estas citas –estaba previsto que la primera se celebrara el 10 de diciembre en Ámsterdam pero al acogerse a la quiebra el banco americano, se ha pospuesto hasta nuevo aviso-.

Por otro, y a título personal, “cada uno se está buscando la vida para contratar un abogado”. Fernando Zunzunegui, especialista en regulación financiera, explica a ECD que a día de hoy su despacho ha recibido más de doscientas solicitudes de afectados que requieren sus servicios.

Zunzunegui adelanta que actualmente están formalizando esas solicitudes, así como fundamentando jurídicamente las demandas. La intención inicial es intentar llegar a algún acuerdo o transacción con las entidades pertinentes. En caso de que estos acuerdos no logren fraguarse, el letrado adelanta que “lo más probable es que se les interponga una demanda judicial”.

Situación similar es la que se está viviendo entre los representados por el despacho Mas y Calvet. José María de Pablo comenta en este confidencial que actualmente defienden a “algo más de doscientos casos”. De Pablo adelanta que ya han empezado a negociar con los bancos intermediarios para garantizarles una indemnización adecuada a sus representados. De no lograrlo, también optarán por interponer una demanda judicial.

Desconocimiento sobre el producto y su relación con Lehman Brothers

De acuerdo con varios testimonios de estos clientes recogidos por ECD, la mayoría de los casos siguen un patrón bastante similar: el particular, aconsejado por el personal del banco nacional en cuestión –normalmente por teléfono o e-mail– se decide a adquirir alguno de estos bonos o depósitos para beneficiarse de una mayor rentabilidad y unas “probabilidades de perder mínimas”.

Semanas o meses después de haber realizado la orden de compra, reciben el contrato o documento acreditativo de la misma en el que ni siquiera se contempla el análisis de escenarios, la advertencia de riegos - ni en los supuestos de interrupción de la cotización ni en los supuestos de cancelación anticipada - la quiebra del emisor ni el garante.

Profesionales de la abogacía recuerdan a este respecto que, además de ejercitar sus derechos como acreedor concursal, existen otras responsabilidades para los bancos españoles, derivadas de la comercialización y venta del producto. 

“Su intermediario ha debido cumplir las normas de conducta recogidas en la MiFID. Conforme a su categoría de cliente, la inversión ha debido responder a su conveniencia e idoneidad. El incumplimiento de las normas de conducta obliga al intermediario a responder del daño ocasionado al inversor.”, exponen letrados de Lexland en un foro de afectados.

“Los últimos bonos de esta categoría los vendimos en enero de este año”, reconocen en Bankinter, quienes subrayan que se ha tratado siempre de “contratos que exponen claramente que tanto el emisor como el garante de lo mismos era Lehman Brothers y que en algunos casos, el capital no estaba garantizado”.