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Dinero

José Blanco no ha hecho caso al ex asesor económico de Zapatero, David Taguas. Fomento se niega a financiar el déficit de las grandes constructoras con las radiales: quiere crear empleo

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El ministro de Fomento cerró este jueves el acuerdo que garantiza la financiación de los 17.000 millones de euros del Plan Extraordinario de Infraestructuras para 2010 y 2011. Esta operación esconde un pulso lanzado por David Taguas, presidente de la patronal que representa a las grandes constructoras, para que una parte de ese dinero se dedicara a sufragar las pérdidas de las autopistas de peaje.

Según ha confirmado El Confidencial Digital, el ex director de la Oficina Económica de Moncloa ha intentado hasta el último momento convencer al ministro de la necesidad de resolver la situación de esas autopistas radiales en situación prácticamente de quiebra. Las concesionarias establecieron unos índices de tráfico mínimos que no se han cumplido y han entrado en pérdidas.

El Ministerio que preside José Blanco ha sido tajante. El PEI ha obtenido financiación de los bancos para la puesta en marcha de nuevas infraestructuras (el 65% de todo el plan: 11.000 millones de euros) y para tareas de mantenimiento y conservación de las ya existentes (el 35%: unos 6.000 millones). Es decir, el proyecto debe servir para crear empleo y revitalizar la economía; no para saldar deudas.

Blanco ha puesto especial énfasis en exigir a las constructoras que la participación en este plan tenga como objetivo la creación de obra nueva. Fomento no quiere costear ahora un ‘agujero’ creado por un error de cálculo de esas empresas. Además, la Unión Europea lo prohíbe. El mensaje ha llegado alto y claro: se trata de favorecer la riqueza productiva, la inversión y el empleo.

Ni un 20% del tráfico previsto

El Ejecutivo de José María Aznar licitó cuatro autopistas de peaje en Madrid: la R-2, la R-3, la R-4 y la R-5. Las empresas contaban con liberar el 30% del tráfico de las principales vías de acceso a la capital y para ello invirtieron, según fuentes de las propias constructoras, unos 2.500 millones. La realidad es que la media de circulación en esos tramos de pago no supera realmente ni el 20% del volumen de vehículos previstos.

Este desequilibrio financiero es conocido por los bancos, que han exigido más garantías de retorno a las constructoras. Éstas han esgrimido este argumento ante Fomento: no podemos asumir proyectos del nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras sin resolver esta difícil coyuntura. La queja no ha servido de nada. Al menos, en lo que a los 17.000 millones de euros del PEI se refiere.

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