El “seguidismo gubernamental” de Cándido Méndez en los conflictos de Izar y RTVE provoca graves desencuentros en UGT

La polémica ha surgido en la fase final de la negociación de dos conflictos de gran calado. En primer lugar, el contencioso de RTVE para la implantación de un plan de saneamiento que pretende transformar la vieja y endeudada televisión pública. El acuerdo final va a permitir desbloquear la subvención que el Ministerio de Economía concedió a Prado del Rey de 580 millones de euros extra con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 2006. Sin embargo, esta firma ha tenido un coste interno en UGT.   Según informaciones recogidas por El Confidencial Digital, las últimas semanas han estado marcadas por un duro choque de posturas entre la sección sindical del ente Público que defendía sus derechos ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la dirección general del canal, y por otro lado, Cándido Méndez.   Este último, según las fuentes consultadas, ha puesto de manifiesto reiteradas veces su voluntad de cerrar el ERE atendiendo a las últimas propuestas del Gobierno. Hay que decir que en este terreno se ha movido con gran habilidad el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, experto conocedor de los entresijos sindicales. No en vano ocupó el puesto de secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) cuando Zapatero fue elegido secretario general del PSOE, en julio de 2000, y procede del gabinete técnico de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT-UGT).   Pero la gota que parece haber colmado el vaso ha sido el choque con la SEPI por otro asunto relevante: la venta independiente de los cuatro astilleros de Izar. UGT y CCOO se han opuesto frontalmente a la segregación de los astilleros. Los sindicatos quieren evitar con esta medida que los compradores opten por adquirir separadamente una de las divisiones de Izar, la de Sevilla, Gijón, Sestao o Manises, y esas plantas puedan ser adquiridas sólo con fines especulativos.   Efectivamente, se trata de una opción muy apetecible dada la buena ubicación física de los astilleros en esas ciudades, ideal para una operación urbanística. Pero eso, insisten los trabajadores, significaría el cierre de esas divisiones y la pérdida de empleo para miles de personas.   La SEPI se está mostrando inflexible y acaba de anunciar que habrá ventas independientes. La sociedad que dirige Enrique Martínez Robles se salta así un acuerdo firmado en mayo en el que se incluía el compromiso de crear un consorcio empresarial que impidiese la venta individual de cada centro.   En medio de esta vorágine, de propuestas y contrapropuestas, dentro de UGT también han visto con recelo algunas intervenciones de su secretario general, Cándido Méndez. Hay quien le califica ya dentro del sindicato como de excesivamente “seguidista” a las consignas del Ejecutivo, intercediendo de nuevo para que cese pronto el conflicto.