El 8 de agosto vence el plazo para tomar la decisión definitiva

Endesa mete a Iberdrola en un lío con el Gobierno por la reapertura de Garoña

Su negativa a que Nuclenor desistiera de la autorización ha dejado a Industria la última palabra sobre la puesta en marcha o no de la central nuclear

Central nuclear de Garoña, en Burgos.
Central nuclear de Garoña, en Burgos.

La decisión definitiva sobre la reapertura de Garoña deja de estar encima de la mesa de las dos principales eléctricas del país, Iberdrola y Endesa. El hecho de no haber desistido de la autorización de reapertura de la central ha dado el poder absoluto al Gobierno sobre este dictamen.

En febrero, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) le pasó una patata caliente al Gobierno de Rajoy. Dejaba en sus manos la decisión sobre la reapertura de Garoña. En aquel momento, el CSN condicionó una serie de inversiones en materia de seguridad para que se pudiera reabrir.

Energía disponía de un plazo de seis meses para pronunciarse sobre esta autorización. Deberá comunicarla, por tanto, en torno al próximo 8 de agosto. Hasta el momento, aunque el visto bueno corresponde al Ministerio, Iberdrola y Endesa todavía tenían la última palabra.

Ni desistimiento, ni alegaciones...

Ahora, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del sector, las divergencias sobre el futuro de la central han provocado que las dos eléctricas “hayan quedado con las manos atadas”. En otras palabras, el dictamen ya sólo depende del Gobierno.

Esta circunstancia es fruto de la ruptura que se escenificó entre Iberdrola y Endesa en el último consejo de Nuclenor (participada al 50% por ambas).

La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán apostaba por el desistimiento. La compañía de Borja Prado planteó la presentación de alegaciones ante el Ministerio para solicitar, a la vista de la inviabilidad económica de la planta, cambios legales retributivos antes del 8 de agosto, que permitieran compensar las pérdidas.

Según las fuentes consultadas, Endesa pretendía después rechazar la autorización de reapertura si el Ejecutivo no aceptaba las modificaciones reclamadas. Un planteamiento que, a juicio de Iberdrola, no se ajusta a derecho. El equipo jurídico de la compañía insistió en que no es posible una negociación en un proceso de alegaciones.

Al final, no se ha iniciado ni un procedimiento, ni el otro. Así las cosas, esa falta de acuerdo, al no mover ficha en ninguna dirección, “ha dejado a la sociedad con las manos atadas”.

Resulta complejo rechazar la autorización

Las fuentes del sector, a las que ha tenido acceso ECD destacan que, tras no haber presentado el desistimiento, “se dan razones y pie al Gobierno para dictar la reapertura”. Si no se ha rechazado previamente la autorización, resultará ahora mucho más complejo jurídicamente rechazarla.

Un escenario que perjudica claramente a Iberdrola, defensora del cierre, y en menor medida a Endesa, que ha venido mostrando una postura más ambigua.

 

El Ejecutivo ha estado abierto a dialogar con todos los agentes implicados, entre ellos los Ejecutivos de País Vasco y Castilla y León, organizaciones ecologistas y las propias eléctricas.

El compromiso político del Ejecutivo parece claro, puesto que fue el propio Mariano Rajoy, quien dentro de la campaña electoral de su primera legislatura pidió reabrir esta central, que incluso llegó a visitar.

Fuentes del Gobierno, consultadas por ECD, aseguran que uno de los principales factores que el Ejecutivo va a tener en cuenta es la incidencia de la puesta en marcha de Garoña en el coste final de la electricidad en España.

Es consciente del momento de altos precios de la energía en el mercado mayorista y de que se le exigen soluciones inmediatas para rebajar el recibo de la luz.

Iberdrola confía en la “resistencia vasca

No obstante, en la cúpula de Iberdrola no se pasa por alto la “fuerte resistencia en el País Vasco” a que Garoña vuelva a funcionar. Es uno de los clavos a los que se agarra, en este momento, para confiar en que el Gobierno decidirá el cierre de la central.

Hay que recordar que el PNV se ha convertido en un socio estable para Mariano Rajoy. Un partido con el que el Ejecutivo ha sacado adelante los Presupuestos de este año y ha comenzado a negociar ya los del ejercicio siguiente.

La posición de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán es conocida desde hace más de un año. Quiere cerrar la planta y así lo recalcó Galán en la última junta de accionistas, celebrada en Bilbao en marzo.

Reiteró que quería cerrar Garoña, porque “no es viable económicamente” y desveló que ya había pedido a Endesa que Nuclenor presentara el “desistimiento”.

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