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Dinero

Fernández Díaz, ex magistrado del Tribunal de Cuentas: el Banco de España y la banca privada planificaron juntos acabar con las cajas de ahorro

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La liquidación de las cajas de ahorro fue un plan que en su día elaboraron la banca privada y el Banco de España. Lo ha denunciado Andrés Fernández Díaz, catedrático jubilado de Política Económica de la Universidad Complutense, ex decano de la Facultad de Económicas madrileña, y magistrado emérito del Tribunal de Cuentas.

Lo dijo en un acto del Instituto de Estudios Económicos celebrado la semana pasada en el Club Financiero Génova: la presentación de un libro del ex ministro Luis Gámir, sobre “Economías de las agencias reguladoras”. Sin embargo, esas denuncias han sido ocultadas o han sido difuminadas por los medios de comunicación.

Una estrategia premeditada

Un periodista preguntó si la consolidación del sistema bancario no iba camino de montar un oligopolio financiero en España, con sólo 10 o 12 bancos y por el procedimiento de cargarse la competencia en el mercado.

El profesor Fernández Díaz pidió inesperadamente la palabra, cuando no estaba en el guión que interviniera, y afirmó que el oligopolio se iba a conseguir, se está consiguiendo, “previa liquidación de las cajas de ahorro con una estrategia premeditada. Nada ha ocurrido por casualidad”.

Ante el secretario de Estado

Se encontraban presentes el secretario de estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre; José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos; algunos diputados, y catedráticos de economía como Teijeiro y Castañeda.

Fernández Díaz miraba directamente al secretario de estado de Economía, que permaneció con cara de póker durante los largos minutos de la intervención del catedrático y ex magistrado del Tribunal de Cuentas. Nadie le rebatió sus argumentos. Jiménez Latorre tan sólo señaló, con cierto desdén: “Ésa es su opinión. Yo no tengo esa percepción. Los hechos que se han producido han sido sobrevenidos”.

El silencio durante la intervención de Fernández Díaz se cortaba, y también tras la contestación del representante del ministerio de Economía.

Liquidado el 50% del sector financiero

Desde 2009 ha circulado en los ámbitos financieros la sospecha de la existencia de un plan para terminar con las cajas de ahorro, una estrategia en la que estaban la banca privada y el Banco de España, pero nunca se había expresado en público y en un foro tan cualificado.

Fernández Díaz sostuvo que la crisis sólo ha sido el pretexto para liquidar al 50% del sector financiero español, vía privatización y vía disolución, con anuencia de la clase política y la coartada perfecta de la crisis financiera. Entidades con 300 años de vida y una obra social ingente a sus espaldas, han sido liquidadas en apenas cuatro años. Casualmente las cajas son las que más crecieron y más competencia hacían en los últimos 30 años.

La ley Giuliano Amato

La estrategia va a producir el resultado apetecido, dejar muy pocos bancos en el mercado financiero español. Un oligopolio en toda regla y muy poca competencia.

El guión seguido es el de la Ley Giuliano Amato, por la que el gobierno italiano liquidó las cajas en su país en los años 90, y la Ley Ciampi-Visco, de 1998, que separó las cajas (fundaciones) de las sociedades por acciones (bancos) y privatizó totalmente las cajas italianas. El gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, no tuvo que inventar nada porque tenía delante la fotocopia de esas dos leyes italianas.

Perito del caso Marbella

Fernández Díez es un experto reconocido. En su haber está la prueba pericial desarrollada desde el Tribunal de Cuentas sobre el saqueo de las cuentas del Ayuntamiento de Marbella durante 11 años, durante el mandato del partido GIL con Jesús Gil y Julián Muñoz como alcaldes.

El trabajo de este magistrado se ha convertido en la prueba pericial demoledora que ha servido y servirá para sentencias en el caso Saqueo I y Saqueo II, y ha conducido al procesamiento de los equipos municipales de gobierno de esos años.

Ha sido la prueba base para condenar a 40 “malayos” implicados en asuntos que se llevan en los juzgados de Marbella. Gracias a su trabajo pericial pueden ir a la cárcel una veintena de concejales, ex cargos políticos y funcionarios del ayuntamiento de Marbella, y varios constructores y promotores inmobiliarios. Su mayor éxito es que se ha conseguido que la familia del difunto alcalde Jesús Gil haya devuelto el equivalente a 10.000 millones de pesetas, 60 millones de euros, obtenidos mediante tráfico de influencias y numerosas irregularidades urbanísticas.

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