El Gobierno irrumpe en la OPA sobre Abertis: impedirá que la sede salga de España
Exige que La Caixa mantenga una posición de control. Reuniones de Atlantia, Isidro Fainé y Álvaro Nadal. Principio de acuerdo para renovar las concesiones de autopistas y forzar una mejora de la oferta italiana
El desenlace de la OPA a Endesa en el año 2009 supuso uno de los mayores escándalos político-económicos de los últimos tiempos. Este es el trasfondo fundamental que explica la implicación del Gobierno en la OPA de Atlantia sobre Abertis que se acaba de producir: Rajoy no está dispuesto a repetir otro fiasco. Alvaro Nadal lidera las negociaciones.
El grupo italiano de infraestructuras lleva semanas de discretos movimientos para intentar quedarse con la compañía catalana, la mayor concesionaria de España. El objetivo de Atlantia es crear el líder mundial de control de autopistas, valorado en más de 36.000 millones.
Es un caso paradójico. Hace diez años, el Gobierno italiano terminó frustrando el intento por parte de Abertis de adquirir la entonces llamada Autostrade. Ahora las tornas han cambiado: el Ejecutivo español es el que se moviliza para poner condiciones a la empresa italiana, ahora con nuevo nombre, en su plan de hacerse con el control de la catalana.
La sede del gigante no saldrá de España
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, el ministro Nadal ha entrado en escena como interlocutor del Gobierno. Ha contactado con directivos de la compañía italiana y con el primer accionista de Abertis, la Fundación Bancaria La Caixa a través de Criteria.
Entre las exigencias que ha puesto sobre la mesa destaca una: Abertis no puede abandonar su sede en Barcelona. También se ha reclamado que la compañía siga cotizando si la OPA no supera el 98% de aceptación y que se garantice el control de la gestión de las autopistas de España, Francia y Latinoamérica.
Moncloa cuenta con una baza fundamental para frenar el asalto. Un mensaje que ya ha trasladado a la empresa italiana. La compra de Abertis requiere la solicitud de autorización gubernamental para el cambio de control del operador de satélites Hispasat (participado mayoritariamente por la catalana, que posee un 57% del capital).
Mayor peso de La Caixa en la nueva compañía
La OPA de Atlantia sobre el 100% de la compañía española permite que los actuales accionistas vendan a cambio de efectivo o adquiriendo acciones de la nueva compañía. Esta opción es la que permite al todavía primer accionista de Abertis, que es La Caixa, permanecer como socio del nuevo grupo resultante.
Pues bien. Aquí surge otro problema. Los términos de la oferta dejan a la entidad que preside Isidro Fainé como segundo accionista, perdiendo posición de control y asignándosele únicamente tres puestos en el consejo de administración de un total de 18.
Moncloa está empeñada en elevar el peso de La Caixa en el capital de la nueva compañía para que mantenga una presencia relevante y se garantice la españolidad de la empresa.
ECD se ha puesto en contacto con Criteria. Un portavoz oficial califica la oferta anunciada por Atlantia de “amistosa, lo que no quiere decir que sea pactada ni que la vayamos a aceptar”. La entidad se ha dado un plazo de “no menos de cuatro semanas” para estudiar las condiciones antes de pronunciarse.
Acuerdo sobre las concesiones a punto de vencer
Por el momento, La Caixa ha decidido esperar. De hecho, no da el precio de 16,5 euros por acción como definitivo. Considera que la operación acaba de arrancar. En los meses que quedan hasta que se inicie el periodo de aceptación, va a tratar de que la italiana se vea obligada a mejorar la oferta.
Para ello, se manejan varias estrategias. La primera consiste en incrementar el valor de Abertis. Para ello, se ha implicado al Ministerio de Fomento. Hay que recordar que el Estado debe decidir todavía sobre la renovación o no de las concesiones de cinco vías de peaje que ahora gestiona la compañía española.
Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, cuya concesión vence en 2018, de la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, que concluye en 2019, y de dos tramos de la AP-7 (La Junquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, que termina en 2021.
La postura oficial, defendida en público por Iñigo de la Serna, es que el Gobierno no va a prorrogar automáticamente esos acuerdos.
No obstante, en el Ministerio admiten que el Estado no está en condiciones de hacerse con la gestión de las vías, asumir el coste de mantenimiento y comenzar a cobrar directamente a los usuarios. Por último, con la actual situación presupuestaria, tampoco parece factible que el uso de estas vías de gran capacidad pase a ser gratuito.
Ante este dilema, el Gobierno va a convocar un nuevo concurso… que abrirá de nuevo las puertas al gigante que saldría de la OPA sobre Abertis. Por tamaño y experiencia, la compañía resultante partirá con el cartel de favorito para volver a adjudicarse las vías.
Esto busca cambiar sustancialmente las condiciones de la OPA. El negocio que se le presenta entonces al grupo italiano es especialmente jugoso: cerca de 800 millones al año.
No se quiere otro escándalo como la venta a Enel
En Moncloa tampoco se pasa por alto que los términos de la OPA de Atlantia sobre Abertis se han conocido coincidiendo con las críticas del ministro Nadal a Italia por su política energética en Endesa. Es la principal razón que tiene en alerta a la cúpula económica del Gobierno. Se quiere evitar otro escándalo como el que protagonizó en su día Zapatero con la venta a Enel.
Endesa era la principal eléctrica española y había sido privatizada años antes por una decisión del Ejecutivo Aznar. Al final de un largo y tenso tira y afloja, la compañía terminó en manos del Estado italiano.
E.On acordó en 2007 con Acciona y la pública italiana Enel poner fin a la incertidumbre y retirarse a cambio de activos en Italia, Francia y España. El gigante alemán sucumbió ante el cúmulo de injerencias e irregularidades cometidas en el proceso y la falta de una regulación efectiva.
Tras dos años de batalla, Acciona y la estatal Enel formalizaron la compra de Endesa por más de 40.000 millones de euros con el visto bueno del Gobierno Zapatero. Una venta que, para muchos analistas, supuso abrir la puerta al desmantelamiento y expolio de una de las grandes empresas españolas.
El Gobierno recuerda ahora que la venta de Endesa descapitalizó las compañías eléctricas españolas y marcó el futuro del sector. Desconcertó a los alemanes, pero también a las autoridades de Bruselas. Nunca tuvieron claro lo que quería el Gobierno de Zapatero y quedaron a su vez perplejos por su excesivo intervencionismo.
Además, la operación se llevó por delante la reputación de dos reguladores. El dictamen de la Comisión de Energía fue revocado por el Consejo de Ministros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sufrió la dimisión de su presidente, Manuel Conthe, tras una sorprendente comparecencia en el Congreso.
