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Dinero

El caso de Hacienda que costó la dimisión de Borrel y en el que están implicados Javier de la Rosa y Núñez llevaba años dormido en los juzgados

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El fiscal Anticorrupción acaba de dictar auto de acusación por la trama de Hacienda en Cataluña, lo que se conoce como el último coletazo del caso KIO, ocho años después del inicio del proceso judicial. Abogados de los 14 acusados anuncian recursos por “dilaciones indebidas” en un caso que podía haberse cerrado hace 4 años.

El caso llegó al juzgado en 1999, a raíz de la investigación de la Audiencia Nacional en el caso KIO. Entonces, un juzgado de Barcelona investigaba una supuesta trama de corrupción en la inspección en Cataluña. Este proceso provocó en su día la dimisión de José Borrell, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno al trascender que entre los imputados estaba José María Huguet, colaborador de Borrell cuando fue secretario de Estado de Hacienda.

De hecho, en 2003 se dictó un auto de sobreseimiento contra uno de los primeros implicados. Desde entonces, aseguran fuentes jurídicas, el caso permanecía casi en el mismo estado ya que no se habían realizado apenas diligencias informativas. “De vez en cuando-aseguran- se ha citado a algún testigo, pero en el mismo momento que se dictó ese auto, el juez podría haber dictado el auto de acusación y ya habríamos celebrado el juicio”.

Lo cierto es que dicha resolución judicial estaba sobre la mesa del juez desde hace unos meses. Entonces, sólo restaba el escrito de calificación provisional del Fiscal, un trámite judicial para el que la Ley establece un plazo de diez días. Ese escrito salió a la luz ayer.

El escrito de acusación sitúa en la cúspide de la trama a José María Huguet, jefe de la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña, entre 1985- 1994, así como a Álvaro Pernas y Manuel Abella, jefes de las unidades regionales de Inspección. Las penas que se solicitan para ellos oscilan entre los 16 y 22 años de cárcel.

También acusa al asesor fiscal Juan José Folchi y a la mayoría de los inspectores de Hacienda en Cataluña encargados, a finales de la década de 1980, de las inmobiliarias que facturaban más de seis millones de euros.

Asegura el escrito del fiscal que los inspectores Huguet, Pernas y Abella, así como Roger Bergua, se mostraron "indebidamente propicios a los intereses de ciertos contribuyentes de elevado perfil económico, excitados por las ventajas patrimoniales que éstos les ofrecieron con la voluntad de ganarse sus voluntades".

El fiscal también alude a que "los corruptos contactos entre los funcionarios y los empresarios" se instrumentalizaban a través de ciertos asesores legales que también se sentarán en el banquillo. Se refiere, además de Folchi, a Joan Anton Sánchez Carreté, la persona que le hacía la declaración de la renta a Jordi Pujol. Entre ellos, José Luis Núñez Clemente, ex presidente del FC Barcelona, su hijo y el empresario Javier de la Rosa, que afrontan una petición de pena de ocho años de cárcel.

A cambio, los inspectores consiguieron supuestamente elevadas cantidades de dinero, propiedades inmobiliarias o la intermediación de las empresas afectadas para que se les concediesen hipotecas a bajo interés.

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