Martes 17/10/2017. Actualizado 01:00h

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Dinero

Está ultimando una denuncia ante la Fiscalía

Hacienda reúne pruebas contra cuatro consellers de la Generalitat por alzamiento de bienes

Lleva tres meses investigando a todos los cargos del Govern para detectar movimientos económicos dirigidos a proteger propiedades frente a embargos por el referéndum

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No sólo a Jordi Turull. El Gobierno lleva tres meses investigando a todos los altos cargos de la Generalitat para detectar movimientos económicos encaminados a proteger sus propiedades frente a embargos por la organización del referéndum. Hacienda está reuniendo pruebas contra tres consellers más, además de Turull, por alzamiento de bienes.

Carles Puigdemont y consejero de su gobierno, en la Diada del 11 de septiembre. Carles Puigdemont y consejero de su gobierno, en la Diada del 11 de septiembre.

Los miembros del actual Govern se enfrentan a elevadas multas por desobediencia y malversación si llegan a celebrar la consulta. La gran novedad esta vez es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy actuará directamente contra todos los implicados en la organización, lo que supondrá un duro varapalo a su patrimonio.

Tendrán que asumir de su propio bolsillo las sanciones económicas que podría acarrear la celebración del referéndum ilegal del próximo 1 de octubre.

No sólo Jordi Turull está siendo investigado

Por ello, según ha podido conocer El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las investigaciones, Hacienda ha detectado que, en los últimos meses, tres altos cargos más de la Generalitat han puesto una parte de sus bienes a nombre de terceros.

El temor a que el Tribunal de Cuentas obligue a los miembros del Govern a pagar de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal es el motivo que les habría llevado a poner algunas de sus propiedades a nombre de familiares para evitar ser embargados.

Con estos movimientos, los altos cargos del Ejecutivo de Carles Puigdemont pretenden impedir que la Justicia les obligue a responder con su patrimonio por la organización de la consulta ilegal del próximo 1 de octubre.

Exhaustivas comprobaciones de sus propiedades

Según las fuentes consultadas, la Agencia Tributaria lleva semanas recopilando las declaraciones de bienes activos y pasivos que los propios miembros del Govern han proporcionado al área de transparencia de la Generalitat.

Los altos cargos que son a la vez diputados del Parlament han informado también a la Cámara de su patrimonio (viviendas, vehículos y dinero en cuentas, acciones y planes de pensiones).

Ambos listados están actualizados hasta el mes de julio. Por ello, esa información está siendo contrastada con los bienes que constan, a día de hoy, a nombre de cada uno de los consellers investigados en el Registro de la Propiedad. También se están revisando sus cuentas bancarias.

Denuncia ante la Fiscalía por alzamiento de bienes

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que el siguiente paso que dará Hacienda es presentar una denuncia ante la Fiscalía para que actúe contra ellos por un presunto delito de alzamiento de bienes.

En efecto, la acción del Gobierno perseguirá que sean investigados por las acciones que hayan emprendido para la sustracción u ocultación de todo o parte de su patrimonio.

El objetivo de los altos cargos de la Generalitat, argumentará Hacienda en su escrito, es que el Estado encuentre dificultades para hallar elementos patrimoniales con los que reunir el dinero para devolver todo lo gastado ilegalmente en la organización de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

El juez deberá probar que la pretensión de los consellers investigados es salvar todo su patrimonio o algún bien del mismo, en beneficio propio o en el de alguna otra persona, obstaculizando así la ejecución del Estado. Después, podrá exigir a los condenados la responsabilidad civil; es decir, obligarles a que devuelvan lo malversado. 

Un patrimonio conjunto de más de 3 millones

Según sus declaraciones de bienes, el Govern en su conjunto acumula propiedades inmobiliarias, cuentas corrientes, títulos y planes de pensiones por 3,3 millones. Además, suman unas deudas de más de 900.000 euros en hipotecas y créditos al consumo.

Según los datos proporcionados por la web de la Generalitat, el presidente, Carles Puigdemont, tiene un patrimonio activo de 294.000 euros, aunque el primero en este apartado es el titular de Territorio, Josep Rull, que declaró al principio de la legislatura un patrimonio inmobiliario por valor de 830.000 euros, fruto de una herencia familiar. También posee cuentas y un plan de pensiones por otros 90.000 euros.

En segunda posición se encuentra el vicepresidente Oriol Junqueras, con un patrimonio inmobiliario de 160.000 euros, así como con cuentas, acciones y plan de pensiones por otros 234.000 euros.

Inquietud entre los consellers de Puigdemont

Una muestra de la inquietud por su patrimonio que viene sobrevolando a los miembros del Govern son las declaraciones del ya ex conseller de Empresa, Jordi Baiget.

Admitió en una entrevista, en el mes de julio, que no le preocupaba ir a la cárcel. Pero no estaba dispuesto a sacrificar su patrimonio en este empeño. Fue destituido del cargo por Carles Puigdemont apenas 24 horas después de realizar esta confesión.

Pocos días después, el presidente de la Generalitat llevó a cabo una remodelación de su Govern, en la que sustituyó a tres consellers que no estaban dispuestos a firmar la convocatoria del referéndum por temor a las consecuencias legales que pudieran asumir.

Devolver todo el dinero gastado ilegalmente

El Tribunal de Cuentas ya dictó en julio un auto con el que iniciaba el procedimiento para condenar al ex presidente Artur Mas, a su vicepresidenta Joana Ortega y a los ex consellers Francesc Homs e Irene Rigau a pagar de su bolsillo los 5,1 millones de euros que costó la organización de la consulta ilegal del 9-N.

Los cuatro dirigentes del PDeCAT ya han sido condenados a penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos (dos años en el caso de Artur Mas y trece meses en el caso de Francesc Homs) como autores de un delito de desobediencia, ya que el Constitucional había prohibido también expresamente celebrar aquel referéndum.

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