Iberdrola, Endesa, BBVA y Telefónica dejan claro a Kirchner que no aceptarán una abusiva ley de servicio público

El miércoles pasado regresó a Argentina la delegación del Ministerio de Planificación del Gobierno de Néstor Kirchner tras entrevistarse en Madrid con los principales inversores españoles. El comunicado oficial de la CEOE no incluía la “letra pequeña” del encuentro: no se aceptarán “disparates” como la imposibilidad de recurrir a tribunales internacionales o restricciones en el establecimiento de tarifas.

El Congreso argentino debate en estos momentos en sede parlamentaria el proyecto de Ley de Marco Regulatorio General de los Servicios Públicos y del Funcionamiento de los Entes Reguladores, un estatuto de gran trascendencia para las empresas españolas con intereses inversores en Argentina.

La pasada semana una delegación del Ministerio de Planificación del Gobierno de Néstor Kirchner viajó a Madrid para entrevistarse con la CEOE y los representantes de las principales compañías inversoras en aquel país –Agbar, Iberdrola, Endesa, BBVA, Telefónica y Gas Natural- así como con los delegados de las organizaciones empresariales Seopan, Sedigas, Unesa y Aepic.

A lo largo de estos encuentros, quedó patente el compromiso con Argentina de las entidades españolas y se analizaron en profundidad los términos del mencionado proyecto de ley. Había interés en discutir, por ejemplo, algunas disposiciones del reglamento calificadas en privado por algunos empresarios como de inviables, como la imposibilidad de recurrir a tribunales extranjeros en caso de conflicto o determinadas restricciones a la hora de decidir tarifas o precios en aquel país.

Según ha relatado a ECD alguno de los presentes, el diálogo fue en todo momento franco y directo: “No vinieron a España en un tono beligerante sino a ver leyes y escuchar nuestras explicaciones”, añade la misma fuente. Al parecer, ha quedado constancia del potencial crecimiento de las relaciones empresariales españolas allí, en sectores como las infraestructuras, la energía o las telecomunicaciones.

“Se les ha intentado hacer ver, eso sí, que ese decreto es anticonstitucional y un disparate, y parece que han comprendido que deben mejorar la competitividad de la economía y los términos de esa ley de servicio público para que se materialicen las inversiones españoles en Argentina”, concluye.

De momento, las empresas nacionales se han comprometido a enviar al Gobierno de Néstor Kichner una serie de propuestas, de acuerdo con la legislación española e internacional, que puedan ser tenidas cuenta en la redacción final de la polémica ley.