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Dinero

Inspecciones sorpresa a instancias de la CNMC

Industria localiza a grandes empresas en Madrid, Barcelona y Bilbao enganchadas ilegalmente a la luz

Les ha abierto un expediente que contempla multas equivalentes a tres años de consumo con la máxima potencia contratada

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Industria intensificó hace unos meses las inspecciones sorpresa para revisar las instalaciones eléctricas de algunas grandes industrias y de vecinos de barrios residenciales. Había detectado que el fraude eléctrico no se producía fundamentalmente en los hogares con menos recursos. Está a punto de cerrar varios expedientes graves.

Instalación de un contador de la luz inteligente. Instalación de un contador de la luz inteligente.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del sector, los técnicos del Ministerio encargados de estas revisiones han localizado a varias grandes empresas, ubicadas en zonas industriales de Madrid, Barcelona y Bilbao, enganchadas ilegalmente a la luz.

También otras de las industrias identificadas han sido sorprendidas manipulando el contador para alterar los registros de energía consumida y variar la potencia contratada por otra de menos importe.

Triplicar la cuantía de las multas actuales

Según las fuentes consultadas, Industria tiene previsto perseguir con dureza estas acciones fraudulentas y desincentivar su proliferación con sanciones más elevadas de las actuales.

Contempla endurecer en los próximos expedientes que tramite la tasación de la multa al equivalente de hasta tres años de consumo con la potencia máxima contratada para los infractores.

Hasta ahora, la empresa que es detectada con su contador manipulado está cometiendo un delito de fraude, que está penado con una sanción igual al consumo diario de seis horas de electricidad a máxima potencia contratada.

Fraude en industrias y barrios residenciales

Tal y cómo reveló Endesa hace unos días, el 80% del fraude eléctrico fue causado en España en 2015 por empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo.

Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, puede estimarse que, en contra de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos. Por el contrario, la mayor parte se concentra en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo.

Además, en el caso del sector empresarial, las compañías que cometen fraude perjudican doblemente a sus competidores, porque consiguen abaratar sus propios productos y servicios, y encarecer al mismo tiempo los de esos competidores, realizando así una maniobra que, además de ilícita, supone una clara competencia desleal.

Supone un grave peligro para la seguridad

Por otro lado, el fraude eléctrico no supone solo una carga económica para las empresas y los ciudadanos que pagan sus facturas y una operación de competencia desleal, sino también un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador.

Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.

Una manipulación del contador o de la conexión puede causar electrocución, incendios e, incluso, la muerte de las personas que la llevan a cabo físicamente; y producir accidentes de la misma índole a quienes vivan cerca o entren en contacto con esa instalación. Asimismo, puede tener importantes consecuencias legales sobre el infractor.

La CNMC calcula unas pérdidas de 150 millones

Esto indica que este tipo de fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el fraude eléctrico supuso un encarecimiento de 150 millones en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles el año pasado.

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