Joaquín Almunia amenaza al Gobierno de España: si impone un arbitraje en la huelga de Iberia para ‘salvar’ la Semana Santa, Bruselas penalizará al país con una fuerte multa

Nuevo encontronazo entre Joaquín Almunia y el Gobierno de Rajoy. El comisario europeo de Competencia está dispuesto a intervenir en el conflicto de Iberia. Ha avisado al Ejecutivo español que impondrá duras sanciones económicas a España si decide aplicar un arbitraje en la aerolínea por entender que se extralimita de sus competencias.

Tal y cómo se contó en estas páginas, el Ejecutivo lleva varios días diseñando una estrategia para solventar una eventual situación de crisis en Iberia debido a las huelgas convocadas por los sindicatos para protestar por el plan de reestructuración de la compañía.

La solución que tiene encima de la mesa la ministra Ana Pastor es imponer un arbitraje cuando la crisis se recrudezca y exista base legal suficiente para hacerlo con el objetivo de impedir los paros en Semana Santa. Esta intervención del Gobierno obligaría, de inmediato, a paralizar el ERE y desconvocar la huelga.

Aviso de Joaquín Almunia al Gobierno

Pues bien. Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha lanzado un contundente aviso a España.

Le ha advertido de que “no tiene la potestad para intervenir de manera unilateral en Iberia y si impone un arbitraje se estaría extralimitando de sus funciones”.

La Comisión Europea sancionará a España

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que Almunia ha recordado también al Gobierno que la Comisión Europea cuenta con mecanismos para sancionar a España si decide imponer un laudo obligatorio en Iberia. Y el comisario de Competencia está dispuesto a aplicarlos. Concretamente, se materializaría en una “fuerte multa económica”.

Los argumentos que esgrime Bruselas son claros. Tras la fusión de Iberia y British Airways que dio lugar a IAG (International Airlines Group) en 2010, la aerolínea escapa al control absoluto de España.

El capital de la aerolínea está formado por accionistas españoles, pero también ingleses, lo que no permite al Ejecutivo español actuar por libre.

 

Los argumentos de Fomento para intervenir

Según las fuentes consultadas, una de las máximas preocupaciones del Gobierno, en este momento, es que las protestas en Iberia puedan afectar a las comunicaciones en plena Semana Santa.

Incluso, no descartan que pueda provocarse el caos en los aeropuertos durante esos días de importantes desplazamientos en España. Por tanto, imponer un arbitraje, en las jornadas previas, obligaría a desconvocar la huelga.

El Ejecutivo está dispuesto a actuar. Y lo hará en caso de que las negociaciones con el nuevo mediador, Gregorio Toledo, vuelvan a fracasar y las posibilidades de huelga en Semana Santa sean reales. Se basará, por tanto, en el riesgo de caos en los aeropuertos y el grave daño a la economía del país para justificar el laudo.

Reino Unido estudia interponer un recurso

Fuentes comunitarias consultadas por este diario comentan que el Gobierno de Reino Unido también estudia interponer un recurso ante la Comisión Europea, si España decide finalmente imponer un arbitraje en Iberia.

Y lo canalizará a través del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que será el encargado de establecer las sanciones económicas correspondientes. Alegarán que el Estado español se estaría excediendo con la medida de sus límites geográficos, al invadir competencias de Reino Unido por afectar el laudo también a British Airways y a un grupo internacional como IAG.

No es el primer desencuentro Almunia-Rajoy

No es el primer encontronazo entre Joaquín Almunia y el equipo de Mariano Rajoy. Tal y cómo se contó en estas páginas, el presidente mostró al comisario europeo, durante una reunión en Moncloa el pasado verano, el malestar del Gobierno con sus declaraciones en contra de los intereses de España.

El jefe del Ejecutivo le echó en cara que arrojara dudas sobre el sistema financiero español. La prima de riesgo continuaba marcando máximos históricos, en ese momento, y Rajoy no entendía la postura de Almunia, que no hacía más que atacar a entidades españolas.

Una de las últimos episodios polémicos en los que se ha visto envuelto Joaquín Almunia ha sido la multa de 67 millones de euros a Telefónica y de 12,2 millones a Portugal Telecom impuesta por la Comisión Europea por los acuerdos para la compra de su participación en la compañía brasileña Vivo, hace ahora más de dos años.

En aquel momento, en el sector se consideró ilógico el celo de la Comisión de Competencia, que es la que ha impuesto la multa y que encabeza Almunia, su preocupación por la distorsión del mercado de comunicaciones en Europa, cuando se está produciendo una presencia, cada vez más potente, de compañías digitales puras, que a pesar de su veloz implantación en los distintos países y de su poder significativo en la industria tecnológica, se encuentran por el momento exentas de control por parte de las autoridades comunitarias.

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