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El Ministerio de Trabajo recibirá más reclamaciones sindicales sobre patrimonio histórico en 2006: la CGT quiere lo arrebatado en la Guerra Civil

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El Ministerio de Trabajo se prepara para tramitar nuevas devoluciones de patrimonio histórico sindical. El pasado noviembre se concedía a UGT la devolución de 151,3 millones de euros. En enero la CGT, heredera de la CNT, también pedirá el capital que perdió tras la Guerra Civil.

El Ministerio de Trabajo se prepara para tramitar nuevas devoluciones de patrimonio histórico sindical. El pasado noviembre se concedía a UGT la devolución de 151,3 millones de euros. En enero la CGT, heredera de la CNT, también pedirá el capital que perdió tras la Guerra Civil. Fuentes oficiales de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaron a El Confidencial Digital que el sindicato acudirá “con pocas ilusiones” al ministerio de Jesús Caldera para solicitar la devolución de su patrimonio histórico. La propuesta de la organización sindical se elaborará a lo largo del mes de diciembre, en el que está previsto que se reúnan los responsables de las distintas delegaciones territoriales de la CGT para preparar una estrategia común que llegará a Trabajo en enero de 2006. Hay que recordar que la CGT es una escisión de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), formación de la que se separó en 1979, tras la llegada de la democracia. El patrimonio histórico de la CNT tiene un importante valor económico, ya que entre sus posesiones incautadas, señalan en el entorno de la CGT, se encuentran destacados edificios como un inmueble en la Plaza de Cataluña de Barcelona que actualmente está ocupado por unas galerías comerciales. Sin embargo, algunos expertos consultados por ECD señalaron que en el caso de que la CGT no sea heredera jurídica de la CNT, el sindicato podría encontrarse con algunos problemas a la hora de reclamar ese patrimonio, pues el cambio de nombre puede ser un obstáculo legal a la hora de recuperar posesiones históricas. Calderase comprometió desde su Ministerio a escuchar a las organizaciones sindicales para estudiar sus derechos sobre una parte del patrimonio histórico. Sin embargo, en el entorno de la CGT no se muestran muy optimistas con esta posible devolución, ni siquiera con el precedente que ha sentado UGT al recuperar más de 150 millones de euros. Según explican fuentes sindicales, la confederación, que cuenta con unos 5.000 delegados no suele ser afortunada con los repartos económicos que salen de Trabajo. Además del patrimonio histórico, el ministerio de Trabajo es el encargado de estudiar otros repartos, como el de los llamados locales de patrimonio sindical. Esta concesión la analiza una comisión en la que está representado el ministerio, la patronal de empresarios COE, y tres sindicatos —UGT, CCOO y USO-. Sindicatos ajenos a la comisión han denunciado a ECD que esa delegación no está siendo objetiva a la hora de repartir los locales, ya que las organizaciones que tienen voz en ella obtienen mejores inmuebles. Los denunciantes ilustran sus quejas señalando que esos espacios están en posesión exclusiva de los sindicatos representados en la comisión. Un ejemplo, dicen, es el edificio que CCOO tiene junto al emblemático paseo del Prado de Madrid. En cualquier caso, en el entrono de la CGT se espera que en el próximo encuentro con el departamento de Caldera se tenga en cuenta la vía abierta por UGT. El sindicato esperará a conocer la decisión final sobre su patrimonio histórico para después actuar de la manera oportuna. El pasado 3 de noviembre, el Gobierno socialista aprobó, con los votos en contra del Partido Popular e Izquierda Unida, un nuevo Decreto-Ley 3/2005 gracias al cual la Unión General de Trabajadores recuperaba los bienes que fueron incautados por el franquismo. La reacción del otro sindicato mayoritario español, Comisiones Obreras, no se hacía esperar. En una misiva dirigida al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario general de esta organización, José María Fidalgo, mostraba su malestar por esta devolución y denunciaba que con ella el Gobierno pretendía subsidiar con erario público a una organización sindical y no restituir un patrimonio mal acreditado.