Martes 17/10/2017. Actualizado 12:33h

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Dinero

Montoro quiere que los altos cargos de empresas públicas paguen con su dinero las pérdidas que generen por su mala gestión. Los informes jurídicos que ha recibido son favorables

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Cristóbal Montoro no solo ha puesto en su punto de mira a los cargos políticos para que no gasten más de lo que tienen. Estudia ir más allá para que los altos cargos de empresas públicas asuman las pérdidas que arrastre el organismo debido a su mala gestión. Ha pedido informes para que los consejeros puedan responder con su patrimonio personal si llevan a la compañía a una situación de insolvencia.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, por fuentes próximas al Gobierno, Montoro no está dispuesto, por ejemplo, a que las empresas públicas, que han incurrido en altos déficits en los últimos años, sean ‘rescatadas’ por los correspondientes Gobiernos regionales, que son quienes hasta ahora han resuelto el problema limpiando sus cuentas con cargo al presupuesto autonómico.

El ministro de Hacienda ya ha transmitido a sus homólogos en las Comunidades Autónomas que la administración no puede estar detrás de los entes públicos, tapando la mala gestión de sus responsables. El alto nivel de endeudamiento de las autonomías, unido al cumplimiento del objetivo de déficit del 4,4% comprometido con Bruselas, impide a los Gobiernos autonómicos avalar a sus propias sociedades.

También les ha matizado que no se dejará caer ningún organismo, pero, a partir de ahora, se revisarán todos y cada uno de los movimientos de los directivos y consejeros de las empresas públicas para acabar con la ‘cultura del despilfarro’ instalada, en este momento, en la administración.

Es más. Según las fuentes consultadas, Cristóbal Montoro está dispuesto a llegar hasta el final, y comprobar si estos directivos no han tomado las medidas necesarias para evitar que las sociedades públicas lleguen a una situación de insolvencia.

En ese caso, se tomarán las medidas correspondientes, que podrían llegar a exigirles el pago de las deudas con su propio patrimonio. Los informes jurídicos que está recibiendo, hasta el momento, están siendo favorables para sacar adelante su propuesta.

Sin ir más lejos, la semana pasada, un informe de la firma de asesoría Russell Bedford ya apuntaba que las sociedades creadas por las administraciones públicas siguen las normas del derecho privado, pese a su titularidad pública, por lo que los gestores están sujetos al mismo régimen de responsabilidad que los administradores de una empresa privada.

De esta manera, según la firma de asesoramiento, si los directivos desarrollan su gestión con negligencia y se puede probar que su actuación está vinculada con su situación de insolvencia, podrían tener que responder ante la justicia con la inhabilitación para gestionar otras empresas y con la exigencia del pago con sus propios bienes.

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