Domingo 24/09/2017. Actualizado 01:00h

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Dinero

La falta de liquidez provocó la intervención del banco

Orden de Moncloa a los ministerios: identifiquen a los funcionarios que sacaron dinero público del Popular

El Gobierno investiga si hubo una acción coordinada para la retirada masiva de fondos por parte de la Administración. Se interrogará a quienes tomaron las decisiones

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La CNMV acaba de anunciar que está investigando si hubo información privilegiada y manipulación del valor en los días previos a la venta del Popular. El regulador va a analizar el comportamiento del mercado. Pero el Gobierno ha comenzado a identificar a las autoridades y funcionarios públicos que ordenaron retiradas masivas de depósitos.


Sede del Banco Popular. Sede del Banco Popular.

Efectivamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha recibido el encargo de centrar sus investigaciones en el mercado de valores. El objetivo es detectar posibles manipulaciones. Para ello, analiza con detalle los movimientos en Bolsa que se registraron en los días anteriores a la intervención.

En paralelo, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a la cúpula económica del Ejecutivo, Moncloa ha dado orden a todos los ministerios de que identifiquen a los organismos públicos que llevaron a cabo retiradas masivas de fondos del Popular.

Los trabajos están siendo coordinados desde la Oficina Económica de Presidencia y el Ministerio de Economía. Por lo pronto, el periodo que se ha puesto bajo revisión comprende entre la última semana de mayo y el 7 de junio, la jornada que se materializó la venta.

Luis de Guindos admitió la semana pasada que destacadas instituciones españolas retiraron “grandes cantidades de dinero” poco antes de que la crisis del Banco Popular dejara a un buen número de inversores y a 300.000 accionistas sin sus ahorros.

No solo la Administración provocó la caída

Por el momento, el Gobierno ha optado por no facilitar la cifra total de salida de fondos en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas. Alega razones de confidencialidad. También ha tratado de minimizar el uso de información privilegiada en la fuga de depósitos.

Defiende que no sólo hubo retiradas de dinero de clientes institucionales -como ayuntamientos, autonomías o sociedades públicas-, sino también de una gran cantidad de minoritarios.

Fuentes de la cúpula económica del Ejecutivo admiten a ECD que ese discurso forma parte de una estrategia, que pasa ahora por insistir en que las fugas de capital fueron generalizadas.

No habría, por tanto, por qué atender al conocimiento de unos hechos que pudieran haber favorecido a una parte de los clientes que habrían actuado con más rapidez que el resto para evitar pérdidas. Destacan además que, al final, los depósitos han sido garantizados y no han provocado la pérdida de ahorros para ninguno de los clientes.

Demostrar que no hubo una acción coordinada

Sin embargo, en Moncloa son conscientes de que la resolución del Popular no fue consecuencia de un problema de solvencia, sino provocada por una retirada masiva de depósitos.

Y en ese proceso tuvieron un especial protagonismo los organismos públicos que dejaron al banco sin liquidez y precipitaron su intervención. Se han ido conociendo, en los últimos días, los casos del cierre de cuentas de la Seguridad Social, del Gobierno de Canarias, de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona...

En las jornadas previas a la resolución del banco, el Popular registró retiradas por valor de 18.000 millones de euros de las cuentas de clientes públicos y privados. Durante varios días salió una media de 1.000 millones por jornada. Esta fuga de depósitos provocó una crisis de liquidez que derivó en la posterior intervención del banco.

Ante este escenario, el Gobierno pretende demostrar con esta investigación que “no hubo una acción coordinada” para la retirada masiva de fondos por parte de la Administración

Identificación nominal de los funcionarios

Según las fuentes consultadas, Moncloa ha puesto en su punto de mira a las autoridades y funcionarios públicos que tenían capacidad de decisión en los distintos departamentos de la Administración para ordenar esas retiradas.

En concreto, la Oficina Económica de Presidencia busca estrechar el cerco sobre los directores del Tesoro y Política Financiera de los organismos que los ministerios le vayan identificando.

“Hay margen para investigar esos movimientos y ver si ha habido tráfico de información y si algunas instancias han intentado protegerse mejor que los pequeños ahorradores. Es una forma también para que el Gobierno salve la cara ante los accionistas minoritarios que lo han perdido todo con la liquidación”, reconocen.

Se interrogará a quienes tomaron la decisión

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que la investigación contempla interrogar a quienes dieron estas órdenes de retirar dinero del Popular. Será el paso siguiente tras ser identificados por los ministerios.

El artículo 442 del Código Penal recoge penas contra los funcionarios que “hagan uso de un secreto del que tengan conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero”. Se establecen condenas de prisión de hasta seis años y más de diez años de inhabilitación.

No obstante, en Moncloa dan por hecho que será complicado imponer sanciones graves. La mayoría de los identificados alegará que tomó esta decisión por prudencia y responsabilidad. También, porque no estaban en juego los depósitos de ninguno de ellos, sino los recursos públicos que pertenecen a todos los ciudadanos.

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