Pedro Solbes renuncia a dejar hecha la reforma de la financiación autonómica esta legislatura, tras el fiasco de la Ley Hipotecaria
Pedro Solbes lo ha intentado. Ha querido pisar el acelerador, tal y como le pidió Rodríguez Zapatero, pero gobiernos regionales tan dispares como los de Andalucía y Madrid han pedido calma a la hora de reformar la financiación autonómica.
Los 4.000 millones de euros que las comunidades recaudan cada año por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ligado a las hipotecas, han sido la espoleta que ha hecho saltar por los aires la pretensión de Zapatero de dejar hecha esta legislatura la reforma de la financiación autonómica.
Madrid, Andalucía o Cataluña, por ejemplo, se niegan a que el Estado se meta en sus asuntos recaudatorios sin una contrapartida igual o superior.
Aguirre, Chaves o Montilla están dispuestos a dejar de cargar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados a los cambios de hipotecas, tal y como preveía el proyecto de Ley Hipotecaria, pero, según ha podido saber ECD en fuentes solventes, los tres le han dicho al vicepresidente económico que sólo lo harán si les garantiza a cambio los alrededor de 2.500 millones que suponen para estas comunidades los ingresos anuales por firmas de escrituras de hipotecas. Otros casi 1.500 millones más los siguen teniendo asegurados por la firma de escrituras de otra índole.
Desde Moncloa se mantiene que todavía hay margen para que los Presupuestos del Estado asuman el agujero y financien a las comunidades, a través de otras vías, lo que podrían perder por la supresión de este impuesto mientras se negocia el nuevo modelo de financiación.
Pero, al final, Pedro Solbes, más pragmático, ha decidido no cambiar la Ley Hipotecaria en este aspecto y aparcar la negociación con las comunidades para la próxima legislatura, porque las cuestiones monetarias son muy difíciles de solventar en etapas electorales.
