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Propietarios de VPO denuncian problemas con la nueva Ley del Suelo: las casas sobrevaloradas podrían generar impagos

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La nueva Ley del Suelo de Andalucía ha generado incertidumbre en muchos propietarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Según algunas denuncias, existen dudas sobre el valor real de las casas y todavía hay algunas operaciones de compraventa paralizadas.

La nueva Ley del Suelo de Andalucía ha generado incertidumbre en muchos propietarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Según algunas denuncias, existen dudas sobre el valor real de las casas y todavía hay algunas operaciones de compraventa paralizadas. Parece que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía todavía no tiene claros todos los criterios que han de prevalecer con la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo. Uno de los apartados más polémicos, como ya señaló El Confidencial Digital el pasado 15 de diciembre, sigue siendo el relativo a las VPO. La nueva Ley, que se hizo efectiva el 12 de diciembre, contempla que la Junta tiene derecho de adquisición preferente sobre las VPO. Lo que significa que, si una vez expirado el plazo establecido por las leyes, el propietario de un VPO decide poner en venta su casa, debe ofrecer la vivienda a la Junta antes de negociar su venta con un particular. Fuentes inmobiliarias han explicado a ECD que este “derecho de retracto” está generando cierta inquietud entre algunos propietarios, pues existen algunas contradicciones sobre si este apartado tiene o no carácter retroactivo. La Ley pretende frenar un fraude generalizado que consiste en vender una VPO a precio de mercado libre, sin descalificar la vivienda. Esto es, transferir la propiedad por el precio oficial de la vivienda, más una cantidad de dinero negro. Según esas fuentes, propietarios que habían acordado vender su vivienda en esas condiciones y habían recibido una señal del nuevo comprador de la VPO. Muchos de ellos habían dado a su vez otra señal para adquirir una nueva vivienda en el mercado libre. Con la entrada en vigor de la Ley, esos vendedores deberán ofrecer su propiedad a la Junta antes de venderla, por lo que esas operaciones fraudulentas podrían quedar paralizadas y generar problemas de solvencia en las familias propietarias. En ese sentido, algunos afectados denuncian que muchas viviendas están hipotecadas por un valor superior al fijado por la Junta. En caso de impago, los bancos no podrían vender esas propiedades a precio de mercado libre y recuperar el dinero prestado. El Gabinete de Prensa de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía no ha querido ofrecer una versión oficial sobre el particular.