Rebelión de los funcionarios de autonomías y ayuntamientos para exigir la extra que se les debe
Preparan movilizaciones en Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña... La devolución de Hacienda ha puesto en el punto de mira a las comunidades gobernadas por el PSOE y Podemos
Tras conocer la decisión del Ministerio de Hacienda, que procederá a abonar en la nómina de este mes de abril el 50% de la paga extra que quedaba pendiente al colectivo de funcionarios del Estado, los sindicatos preparan movilizaciones contra autonomías y ayuntamientos para exigirles que sigan los pasos del Gobierno central.
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes sindicales, UGT, CCOO y CSIF, sindicatos más representativos en las administraciones públicas, han activado a sus órganos autonómicos y locales para promover que el abono de la paga extra de 2012 se haga extensivo en el conjunto del Estado.
En el caso de Andalucía, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lidera las movilizaciones en todas las provincias andaluzas para exigir a la Junta el abono de la cantidad pendiente de la extra de 2012, así como la restitución de las condiciones laborales perdidas, como la jornada laboral de 35 horas semanales.
En la Comunidad Valenciana, CSIF ha instado al Consell a que tome nota del anuncio realizado por Hacienda y pague también esta cantidad a sus trabajadores, como tarde en la nómina de mayo. El Ejecutivo de Ximo Puig se comprometió a la devolución en el primer semestre de 2016.
En Aragón, gobernada por el socialista Javier Lambán con el apoyo de Pablo Echenique (número tres de Podemos), también se llevará a cabo una campaña de movilizaciones en los principales centros de trabajo público de la comunidad autónoma.
Asimismo en Cataluña, donde queda pendiente la devolución del 75%, ha comenzado una campaña de recogida de firmas para forzar a la Generalitat a que “cumpla” con sus empleados públicos.
Montoro se la devuelve a las autonomías rebeldes
Fuentes del Gobierno consultadas por ECD admiten que la decisión de devolver ahora la parte de la extra pendiente a los funcionarios esconde, además, una intencionada carga política.
Cristóbal Montoro plantea con esta medida que el resto de administraciones solo puedan reintegrar la paga si el desembolso no les impide cumplir con el déficit. De esta manera, la devolución de una parte de la extra suprimida a grandes sectores de la función pública, como son profesores, sanitarios, policías locales... queda a expensas de los Gobiernos autonómicos y locales de turno.
“Las que no lo puedan hacer porque están muy lejanas de la consecución de sus objetivos de déficit o no tengan recursos presupuestarios, no lo harán, pero sí lo habrá hecho la Administración General del Estado”, explica a ECD un alto cargo del Ministerio de Hacienda.
Dejar en evidencia a los gobiernos PSOE-Podemos
Las nuevas administraciones autonómicas y locales surgidas tras el 24-M, la mayoría gobernadas por el PSOE con el apoyo de Podemos, tendrán que evaluar si están condiciones o no de seguir los pasos del Gobierno central.
Sin embargo, en Hacienda dan por hecho que los nuevos dirigentes autonómicos y locales de PSOE y Podemos se encontrarán con el obstáculo de que, si reintegran a lo largo de 2016 a sus funcionarios los 3.000 millones pendientes, pondrán en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit de sus comunidades y, por extensión, el del conjunto del Estado. Y no podrán hacerlo por las restricción al gasto impuesta por el departamento que dirige el propio Montoro.
“Rajoy sí podrá vender antes de las elecciones que él sí ha cumplido con los funcionarios, devolviéndoles el esfuerzo que les pidió y obligará a retratarse a los nuevos gobiernos del PSOE y Podemos en comunidades y ayuntamientos. Tendrán que demostrar su capacidad de gestión y cuáles son sus prioridades a recortar en el Presupuesto”, explican las fuentes consultadas.
