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Dinero

El ‘caso Taguas’ reabre el debate sobre los lobbys en España: falta más transparencia, rigor y un organismo regulador

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Los expertos en lobby advierten que la legislación española actual es demasiado fragil en este terreno. Es necesario un mayor rigor y una mayor transparencia para asegurar el correcto funcionamiento del movimiento de presión. Incluso, se debería crear un registro público y un organismo regulador dependiente de los poderes públicos.

José Ramón Pin, profesor del IESE de Dirección de Personas en la Organización y experto en lobby, explica a El Confidencial Digital que “en teoría, el traspaso de políticos al sector privado y viceversa es muy normal, aunque, una cosa es eso y otra que dicho trasvase sirva para usar los mecanismos de recompensa por favores prestados o posibles presiones”, que sería el lobby.

El lobby es una organización cuyo objetivo es influir en la legislación de un país en defensa de unos intereses concretos. Hay dos modelos: el estadounidense y el europeo. El primero, mucho más avanzado, considera el lobby como una práctica muy importante y por tanto necesitada de una legislación que exija y favorezca su transparencia. El segundo es todo lo contrario.

Para operar, el lobby estadounidense tiene que ser autorizado por la Cámara de Representantes y, una vez conseguida esa autorización, informar puntualmente de las actividades realizadas. De esta forma, antes del día 10 de cada mes, el grupo de presión –como también se denomina a los lobbys- debe presentar ante la cámara parlamentaria un informe detallado de las acciones realizadas hasta ese momento: reuniones mantenidas con políticos, gestores, periodistas, asociaciones, etc; gastos, ingresos que superen cierta cantidad...Además, en este marco normativo, está muy regulado el paso de políticos a empresas privadas, estableciendo una serie de incompatibilidades y restricciones de tiempo, salarios y apoyos muy detallada.

Muy distinta es la postura de la Unión Europea a este respecto, cuyos politólogos aseguran que el lobby no existe y por tanto, no se puede regular. Pin apunta que para los defensores de esta teoría, “el nivel no existe oficialmente ni a nivel nacional, ni comunitario”; si acaso, bajo la forma de despachos de influencias en Bruselas o de determinadas firmas de consultoría de Public Affairs.

El experto del IESE explica a ECD que en España se sigue el modelo europeo y advierte que “no se puede poner puertas al campo”, es decir que al no reconocer la existencia de esta práctica, no hay forma de legislarla ni de establecer o definir grandes incompatibilidades entre los personajes políticos y los puestos desempeñados en empresas privadas.

En relación al fichaje de el ex director de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas, por la patronal de la construcción, SEOPAN, apunta que “hay que ser prácticos y aprender” de estas experiencias. “Sería bueno para ellos -en referencia a los políticos y gobernantes- que las reglas estuviesen claras”.

No obstante, señala que “no sabe si han hecho bien o mal” en este caso concreto, pero sugiere que sea un punto de partida para legislar el lobby en España y definir un sistema para todas las asociaciones o grupos de interés que puedan asemejarse al modelo estadounidense: patronales, despachos de abogados, consultoras...

Cómo debería legislarse el lobby

Preguntado por El Confidencial Digital sobre cómo debería legislarse esta materia en el país, Pin responde que el problema es que “los políticos también tienen que vivir” y su traspaso al sector privado una vez abandonan la vida pública es “muy normal”. Además, “si no lo fuera, nadie con cierta preparación y experiencia en el sector privado se platearía pasarse a la política” por miedo a no poder regresar a la empresa una vez finalizada su actuación en el Gobierno.

Este es precisamente uno de los principales temores que detienen a los grandes gestores españoles a plantearse participar en política: una regulación demasiado estricta de la práctica del lobby y de las incompatibilidades entre ciertos cargos y desempeños en uno y otro sector podrían “cerrarles las puertas a la vuelta” al sector privado.

 

Como opciones a una futura normalización de esta práctica, Pin propone que los agentes que hasta ahora realizan este tipo de “presiones” e “influencias” consten en un registro público. De esta forma, muchas de las grandes auditorias, consultoras y bufetes de abogados “que ya cuentan con profesionales que se dedican al Public Affairs”, tendrían que decidirse entre trabajar para las Administaciones Públicas o defender los intereses de ciertos grupos y sectores.

En cuanto a qué organismos y asociaciones podrían considerarse como lobbys en España, nombra patronales, consultoras políticas, grupos de representación, despachos de abogados especializados en estos temas, gabinetes de estudios normativos, etc.

Además, esta “transparencia en el sector exige una determinada contabilidad, registro y auditoria”, según adelanta el experto del IESE. En la misma línea, asegura que para garantizar la legalidad e independencia de los reguladores de este ‘mercado de influencias’ se podría crear una oficina o departamento ‘ad hoc’ que dependiese directamente del Congreso de los Diputados o “incluso del Tribunal Constitucional”.

“El problema, se lamenta Pin, es que en España todo está mezclado con la política partidista y es complicado” establecer una normativa para definir la práctica del lobby en el país. “Sigue sin existir conciencia suficiente de estas prácticas”, agrega para concluir con que en la política española la utopía sustituye al realismo, con lo que falta objetividad en la toma de decisiones”.

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