No solo el magnate Wang Jianlin. Carlos Slim también tiene problemas con Carmena
El nuevo dueño de FCC ha revisado el proyecto de la Operación Calderón y concluye que no le salen los números tras las nuevas condiciones del Ayuntamiento de Madrid
El nuevo dueño de FCC, Carlos Slim, está analizando con lupa cada operación en la que participa la constructora española. El empresario mexicano ha decidido cambiar sobre la marcha el acuerdo con el Atlético de Madrid para la construcción del nuevo estadio de La Peineta, a la vista de los innumerables problemas jurídicos y políticos existentes.
FCC Construcción, la filial del grupo ya controlado por el magnate mexicano Carlos Slim, se convirtió en la primera gran empresa constructora que se adjudicó una obra del nuevo Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena.
Se encargó de la redacción del proyecto y ahora de la ejecución de las obras de interconexión entre las estaciones regeneradoras de aguas de Rejas y Valdebebas, el ámbito que acoge un nuevo desarrollo residencial, la ciudad deportiva del Real Madrid y la futura Ciudad de la Justicia.
La buena sintonía solo ha durado unos meses
A finales del año pasado, se rompió esta buena sintonía con el Ayuntamiento de Manuela Carmena. El Atlético de Madrid se vio obligado a rehacer los términos de su contrato con FCC.
La constructora era la encargada hasta entonces de erigir el nuevo estadio de La Peineta y asumir el coste de la edificación (195 millones de euros) a cambio de quedarse con la explotación de los terrenos de los rojiblancos en el ámbito Mahou-Calderón
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la operación, Slim no ve rentabilidad ya en la Operación Calderón, sobre todo después de la ordenación urbanística impuesta por el Consistorio, que disminuye la edificabilidad y precisa también que el interés público se integre y mejore el entorno de manera más equilibrada. Someterá además a consulta ciudadana qué se quiere en este espacio.
Por ello, Slim ha rechazado los terrenos que se dedicarían a la promoción de vivienda dada la incertidumbre sobre el planeamiento de la ribera del Manzanares. Además de los varapalos de la Justicia, el plan tiene que volver a rehacerse por orden expresa del Gobierno de Manuela Carmena para reducir la edificabilidad: no quieren ni tantos pisos ni rascacielos.
El anterior proyecto, aprobado por el PP con Ana Botella al frente, proyectaba 2.000 pisos de venta libre en dos rascacielos de 36 plantas y otras ocho torres de hasta 20 pisos. Nada de esto verá la luz.
