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Zapatero y Kirchner, dispuestos a resolver el problema de Marsans con Aerolíneas: Sebastián deja el pleito en manos de Jorge Blázquez

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Miguel Sebastián ha delegado en Jorge Blázquez la tarea de negociar con los argentinos el pleito abierto entre Marsans y Aerolíneas Argentinas. Los juzgados de Buenos Aires y Madrid tienen abiertas varias causas contra los empresarios españoles.

Miguel Sebastiánha delegado en Jorge Blázquez la tarea de negociar con los argentinos el pleito abierto entre Marsans y Aerolíneas Argentinas. Los juzgados de Buenos Aires y Madrid tienen abiertas varias causas contra los empresarios españoles. En la XV Cumbre Iberoamericana que se celebró en Salamanca el pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homólogo argentino, Néstor Kirchner, se comprometieron a zanjar este asunto. Según ha podido saber El Confidencial Digital, Blázquez, responsable de temas económicos y financieros de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno (OEPG) ya trabaja en el caso. Un dato que no ha sido desmentido por Moncloa. El caso de Aerolíneas Argentinas se remonta al año 2001, cuando el grupo Marsans adquirió a la SEPI esta compañía. La empresa había revertido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en suspensión de pagos, tras el fracaso de Iberia en su intento de reflotarla. En esas fechas, Argentina estaba sumida en una fuerte crisis económica, pero desde ámbitos sindicales del país latinoamericano comenzó a surgir un movimiento enfocado a recuperar la compañía aérea para el sector público argentino. Esta reivindicación acabó en los Juzgados y desde entonces el presidente de Aerolíneas, Antonio Mata, ha tenido que acudir en varias ocasiones a un juzgado de Buenos Aires para declarar como imputado junto a otros directivos de la empresa. Se les acusa de presunta desviación de fondos públicos y apropiación indebida. Unos cargos que también fueron trasladados por los abogados de la acusación, la Asociación de Personal Técnico y Aeronáutico (APTA), al juzgado número 35 de Madrid, donde el caso está en fase de diligencias previas. El pasado mes de junio, los dueños de Marsans-Spanair, Gerardo Pascual y Gonzalo Díaz, declararon en el juzgado madrileño como imputados. Fuentes jurídicas de la defensa han señalado que en aquella vista previa el abogado de los empresarios españoles, Ramón Hemosilla, afirmó que sus clientes “nunca” operaron sin el aval de auditores españoles y argentinos y siempre se movieron dentro del marco legal. Según confirmaron las mismas fuentes, en el juicio se ha asegurado que los sindicatos argentinos han presentado “documentación falsa”. Por lo pronto, Pascual y Díaz parecen haber optado por evitar cualquier protagonismo y evitan los medios de comunicación. Este es el motivo de que no se están defendiendo de las graves acusaciones que lanzan algunos interesados. Fuentes del sector aseguran que los empresarios españoles lamentan no poder “celebrar el triunfo de haber reflotado Aerolíneas”. Las relaciones entre Marsans y el Ejecutivo de Kirchner no son especialmente buenas. En los tres últimos ejercicios (2002-2004), el Gobierno Argentino ha impugnado las cuentas de Marsans alegando que en éstas no aparecen reflejados algunos movimientos de capital de los acreedores y de la SEPI. Esta situación ha impedido a los responsables de Aerolíneas llevar a cabo algunas operaciones para intentar mitigar las protestas de los argentinos. El invierno pasado, Pascual y Díaz se plantearon sacar a bolsa entre el 20 y el 30% de la compañía con el objetivo de poner a disposición del Gobierno argentino parte de la empresa. Un hecho importante, precisan algunas fuentes, si se tiene en cuenta que estos dos empresarios “normalmente” no sacan al mercado de valores sus productos. Sin embargo, aclaran, el proyecto no pudo culminarse por las trabas impuestas desde el Ejecutivo latinoamericano. Por otra parte, en marzo de 2005, Marsans estudió la posibilidad de poner en venta Aerolíneas Argentinas, aunque al final se descartó esta opción. En estos momentos, el caso sigue abierto y la titular del juzgado número 35 de Madrid, Gema Gallego, está estudiando el informe presentado por el Tribunal de Cuentas español. Además, Gallego ha pedido la asistencia de peritos o expertos de la Agencia Tributaria.

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