Los falsos parados serán considerados delincuentes. Contundente plan del Gobierno para erradicar el fraude en el desempleo: reforma del Código Penal y fuertes multas

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el plan antifraude de la Seguridad Social que perfila el Ejecutivo incluirá una reforma del Código Penal, que introducirá una nueva figura, el delito de defraudación a las prestaciones de la Seguridad Social.

La idea del departamento que dirige Fátima Báñez es aplicar “tolerancia cero con el defraudador”, por lo que, además, se contemplan sanciones económicas muy duras.

También el ministerio de Justicia trabaja en paralelo en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que será elevada en las próximas semanas al Consejo de Ministros.

Los perseguidos por el plan

Las inspecciones se van a centrar en detectar, principalmente, los siguientes tipos de fraude a la Seguridad Social:

-- Trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social.

-- Empleados por los que se paga menos de lo que se debe.

-- Relaciones laborales a tiempo parcial pero que en realidad son a tiempo completo.

-- Empresas que no existen pero que dan de alta a trabajadores para que puedan optar a prestaciones de desempleo.

Entrará en vigor antes del verano

Según las fuentes consultadas, el Gobierno se ha propuesto que esta reforma salga adelante cuanto antes.

Y desde Moncloa ya se han dado órdenes al ministerio de Empleo para que el texto esté listo en las próximas semanas. La nueva ley se quiere aprobar antes de las vacaciones de verano.

En el Ejecutivo se insiste en que no se trata de una persecución al desempleado. Pero si se pretende intentar que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones y, si no lo hacen, tengan la multa correspondiente.

Nueva ofensiva recaudatoria

El plan antifraude en las ayudas al desempleo se suma al presentado por Cristóbal Montoro hace unas semanas con: 1) la limitación de 2.500 euros en el pago en efectivo en las operaciones donde participen empresarios o profesionales; tanto el pagador como el receptor se enfrentan a multas del 25%; 2) todos los contribuyentes deberán informar de las cuentas en el extranjero; 3) la no prescripción de estos delitos tributarios.

Tal y cómo se ha contado en estas páginas –véalo aquí-, la ofensiva también se extiende a artistas y deportistas de élite. El Ejecutivo pretende recaudar 8.000 millones extra con todos los frentes de este plan (que equivalen al 0,8% del PIB), y que podrían contribuir, según sus estimaciones, a la reducción del déficit público en 8 décimas.