Otro problema para las cajas: las querellas contra los hermanos Salazar por Sos pueden arrastrar a consejeros de varias entidades de ahorro, que tendrían que responder

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la ampliación de la querella interpuesta por Sos y otras sociedades del grupo contra los directivos Jesús y Jaime Salazar y “otras personas físicas y jurídicas”. Y el asunto puede alcanzar a más de un consejero de cajas de ahorros.

La querella contra los que fueran presidente y vicepresidente del grupo, Jesús y Jaime Salazar, se planteó por delitos de apropiación indebida, estafa, delito societario, delito contra el mercado, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, y la ampliación supone la inclusión de otros dos más: falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Varias cajas de ahorro, que fueron accionistas de Sos, tuvieron consejeros en la sociedad durante la gestión de los hermanos Salazar y ahora existe temor a las consecuencias penales que se puedan seguir de las actuaciones judiciales iniciadas.

Fuentes del sector, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, explican que las cajas afectadas no saben bien lo que en su día firmaron esos consejeros, ni tampoco guardan todas y cada una de las actas con todos los anexos.

En muchas ocasiones, los consejos parecían más bien reuniones de amigos, en las que los Salazar hacían y deshacían, mientras organizaban para los consejeros viajes impresionantes (se recuerda especialmente uno a Estalingrado), incluidos costosos regalos (se cita el abrigo de visón que, en un hotel de Italia, recibieron todas las mujeres de los consejeros).

Según las fuentes consultadas por ECD, el temor en esas cajas es que las querellas acaben afectando a sus consejeros, y que las entidades de ahorro tengan que responder por ellos del quebranto económico provocado en esa etapa.

El pasado mes de junio, el titular del juzgado 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andréu, aceptó la competencia para conocer la querella y realizar las acciones derivadas de “la necesidad de comprobar el destino final de los fondos transferidos presuntamente al extranjero”, dentro de la conocida como operación Cóndor Plus, centrada en el trasvase de fondos de Sos a las sociedades participadas de los hermanos Salazar, por valor de 230 millones.

 

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