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El tratamiento de los residuos nucleares amenaza con provocar una revolución en las cuentas de Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa

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Al sector eléctrico parece no llegarle la camisa al cuello. El Gobierno prepara una nueva regulación del llamado “segundo ciclo del combustible nuclear” que, según ha sabido El Confidencial Digital, podría obligar a las empresas españolas a provisionar en un futuro los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares, con el consiguiente efecto en sus cuentas de resultados y en la cotización bursátil.

Al sector eléctrico parece no llegarle la camisa al cuello. El Gobierno prepara una nueva regulación del llamado “segundo ciclo del combustible nuclear” que, según ha sabido El Confidencial Digital, podría obligar a las empresas españolas a provisionar en un futuro los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares, con el consiguiente efecto en sus cuentas de resultados y en la cotización bursátil. Por primer ciclo del combustible nuclear se entiende la producción de energía a través del uranio, un proceso que genera unos residuos radiactivos que es preciso tratar: este es el segundo ciclo del combustible. Hasta ahora, el coste del tratamiento de esos residuos sólidos se viene pagando a través de la tarifa eléctrica. Pues bien. En estos momentos, el Ministerio de Industria, empeñado en abaratar el recibo de la luz, valora la posibilidad de redistribuir ese coste aplicando sólo el 25% a la tarifa que pagan los ciudadanos y obligando a las empresas eléctricas a correr con el 75% restante. Esta medida, que según algunos analistas supondría un desembolso de unos 90 millones de euros para las empresas, no provocaría mayor problema a las compañías, capaces de digerir ese gasto. La cuestión es que al sacar de la tarifa el coste del tratamiento del segundo ciclo de la energía nuclear, desde el punto de vista contable, se provocaría una segunda contingencia muy relacionada con el desmantelamiento de las centrales nucleares. El Gobierno ha declarado recientemente que cuando las centrales nucleares acaben sus ciclos vitales no se las renovará. Es una promesa recogida en el programa económico del PSOE y en ese escenario se trabaja. Por tanto, la ley que prepara el Gobierno implicaría que las empresas eléctricas se tendrían que hacer cargo del 75% del coste de esos grandes residuos radiactivos que serán las centrales nucleares cuando haya que deshacerse de ellas. Siguiendo las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC), este compromiso obligaría a Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa a provisionar el dinero necesario para hacer frente a esta contingencia futura. Las auditoras, curadas en salud tras el caso Enron, obligarían con toda probabilidad a las eléctricas a incluir en sus balances ese coste futuro. Servido está, por tanto, un nuevo pulso entre el sector eléctrico y el Gobierno pues en juego está una revolución que amenaza con convulsionar los estados financieros de las principales compañías.

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