Javier Moreno escribe a los colaboradores de El País diciendo que no ha existido censura para hablar del ERE. Los afectados son 129 en lugar de los 149 previstos inicialmente
Javier Moreno, director de El País, ha dirigido una carta a los colaboradores del diario que firmaron una carta criticando el ERE en el periódico y denunciando que había habido censura. El director responde que no ha existido censura, y explica los dos únicos casos con problema: Luz Sánchez-Mellado y Santos Juliá.
En un largo escrito, que ha remitido vía correo electrónico, Moreno les reprocha que una simple llamada telefónica de esos colaboradores habría bastado para deshacer el malentendido, a partir de su propia experiencia de que nunca se les ha censurado. Según ha sabido El Confidencial Digital, algunos de los destinatarios han llamado al director de El País agradeciendo las explicaciones.
El primer caso de posible censura se refiere a la columna de Luz Sánchez-Mellado, miembro de la redacción, en El País Semanal, sobre vida social, centrada en personajes de las revistas del corazón y de la televisión, prevista para el sábado 13 de octubre. Javier Moreno explica que decidió que no se publicara por considerar que la redactora estaba utilizándola “para ponerla al servicio de sus intereses y de los de una parte de la redacción”.
No se trata de censura, afirma. “Simplemente no estoy dispuesto a que el periódico se convierta en el campo de batalla en el que se dirima el conflicto [laboral por el que atraviesa el periódico]. El periódico no es de los periodistas. Los periodistas no son los propietarios de los espacios en los que escriben, ni tienen derecho a escribir lo que quieran. El periódico es de los lectores, hay un equipo que lo dirige y que se encarga de forma profesional de que esto sea así”.
El artículo de Santos Juliá
En cuanto a Santos Juliá y su colaboración quincenal, envió el texto que debía haberse publicado el 28 de octubre, titulado “Desigualdad como antesala de la ruina”, que contenía tres alusiones al conflicto en El País.
Citaba a Enric González, redactor del periódico incluido en el ERE, quien había escrito una columna en una revista a modo de despedida, en la que hablaba de los “baños de oro” con los que se habían cubierto directivos del periódico y afirmaba que él se había sumado de forma voluntaria, como gesto de solidaridad, a la lista de los afectados por el expediente de regulación de empleo.
El subdirector de Opinión, José Manuel Calvo, se puso en contacto con Santos Juliá para explicarle que Enric González figuraba en el ERE no por su voluntad sino por decisión del director del diario, y que las cifras salariales que estaban circulando no se correspondían con los sueldos reales devengados en el periódico. El salario del propio Enric González se encontraba entre los más altos, por encima incluso de las retribuciones de algunos directivos.
Calvo explicó a Juliá que, si así lo deseaba, su columna se publicaría de forma integra. Juliá replicó que no conocía a Enric González de nada y decidió eliminar esa referencia.
Esa misma semana, Juliá comunicó al subdirector de Opinión que prefería, de momento, dejar de publicar sus columnas para centrarse en un libro que tenía pendiente de finalizar. Calvo le transmitió el pesar del periódico por su decisión.
Puede leer aquí íntegro el texto de la carta de Javier Moreno.
Incluidos en el ERE 129 trabajadores
Por otro lado, y según fuentes de El País a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, la dirección del periódico distribuyó ayer una nota en la que informa que el jueves, 8 de noviembre, la representación de los trabajadores rechazó la última oferta de la empresa para intentar desbloquear el conflicto, por lo cual firmó el acta de finalización del periodo de consultas en disconformidad.
Hoy pondrá en conocimiento de la Dirección General de Empleo y de la representación de los trabajadores las condiciones finales del ERE, que finalmente incluye a 129 trabajadores, en lugar de los 149 anunciados inicialmente. Los afectados percibirán una indemnización de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades.
La última oferta de la empresa abría un periodo de adscripción voluntaria que contemplaba un plan de prejubilaciones para quienes tuvieran cumplidos los 58 años y otro de bajas incentivadas. Para las prejubilaciones las condiciones eran: desde la extinción del contrato hasta los 63 años, cobertura del 60% o del 65% del salario fijo neto, con un tope de 175.000 euros. Para las bajas incentivadas, 35 días de salario por año, con un límite de 24 mensualidades y un tope de 175.000 euros.
Asimismo la empresa planteó un recorte salarial por tramos, con una escala entre el 8 y el 15 por ciento, para la plantilla no afectada por el ERE.
