Periodistas de la Administración Pública de comunidades y municipios se unen para presionar a Fernando Moraleda y regularizar su precaria situación
La FAPE acaba de aceptar que los periodistas de la Administración se integren en su institución. Desde ese visto bueno, recibido en Burgos, la Asociación Nacional de Periodistas de la Administración Pública (ANPAP) ha recogido numerosas solicitudes para asociarse. Buscan que el Ejecutivo ponga fin a la situación de desamparo legal que padecen.
Tras la Asamblea General de la ahora denominada Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en Burgos, en la que los periodistas representados por la ANPAP han sido incluidos en la asociación que preside Fernando González Urbaneja, más de cien comunicadores de las administraciones autonómicas, locales y periféricas han solicitado su ingreso en la ANPAP. Según ha podido saber El Confidencial Digital, la Asamblea General de la FAPE celebrada en la primera semana de abril en Burgos, ha producido un aumento de solicitudes de periodistas funcionarios para ingresar en la ANPAP. Concretamente, en lo que llevamos de mes, más de un centenar de periodistas de las administraciones regionales han solicitado su ingreso. También el número de peticiones de información se ha elevado considerablemente, según confirman desde la ANPAP. A día de hoy, periodistas funcionarios integrados en las Asociaciones de la Prensa de Mérida, Almería, Murcia, Albacete y Ciudad Real, reporteros de la Junta de Andalucía –incluidas delegaciones y subdelegaciones- y comunicadores del Partido Popular y del PSOE, han solicitado su ingreso en la ANPAP. Por lo pronto, el colectivo de periodistas de la administración pública sigue recopilando información para elaborar un censo del número de comunicadores integrados en las diferentes administraciones españolas. El último listado es de 1998 y tiene contabilizado a más de mil profesionales. Paralelamente, la ANPAP solicitó en marzo al secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, un listado oficial actualizado en el que se incluyan los profesionales que realizan labores informativas en las administraciones autonómicas, locales y periféricas. Según fuentes de la mencionada asociación, el Ejecutivo “no garantiza que se vaya a facilitar dicho censo”. A pesar de la falta de garantías, estos profesionales se están movilizando para presionar al Ejecutivo y lograr por parte del Gobierno un compromiso que les permita regularizar su situación.
