La pesadilla de un guardia civil herido en acto de servicio para que le reconozcan la pensión de invalidez

Son muchos los guardias civiles que han tenido que abandonar el cuerpo incapacitados en acto de servicio o en atentado terrorista. Y en ocasiones –“muchas últimamente” dicen algunos de ellos- han salido de la Benemérita por la puerta de atrás.

El Chivato ha conocido la “pesadilla” particular de uno de estos agentes, lesionado gravemente mientras se encontraba de servicio, que lleva años luchando en los tribunales y contra la burocracia para que se le reconozca el derecho a obtener una pensión de invalidez.

Su tragedia personal comenzó hace años y todavía son frecuentes la visitas al juzgado, al abogado, al médico y al especialista psiquiátrico –lleva años en tratamiento-.

Tras solicitar la baja, se le obligó a realizar un Reconocimiento No Periódico (RNP) en un hospital militar. Un mes y medio de espera. El informe resultante es enviado a la Unidad a la que pertenecía el afectado. “Otro mes y medio” asegura.

Más tarde, el expediente pasa a la Junta Médico Pericial Ordinaria, que lo analiza y emite un dictamen, que meses después es enviado a la Jefatura de Asistencia Sanitaria de la Dirección General de la Guardia Civil. Tras ser analizado, pasa a manos del General de Personal, para que sea este quien abra un expediente de pérdida de aptitudes psicofísicas. En su caso, el expediente tardó dos meses, aunque dio inicio al procedimiento administrativo de concesión del retiro.

Sin embargo, la pesadilla no acabó ahí. Según cuenta este agente a El Chivato, el proceso quedó paralizado hasta que se reuniera toda la documentación –“meses y meses”: hojas de servicios escritos por mandos, expedientes del Servicio de Asistencia Sanitaria, opinión de médicos…- y finalmente, tras pasar por una Junta Médica Pericial Ordinaria, le otorgó la calificación de ‘apto con limitaciones’: es decir, poder seguir trabajando en la Guardia Civil pero sin capacidad para “tomar decisiones autónomas, portar armas o ser destinados a puestos de responsabilidad o que generen estrés”.

Ante esto, al afectado le queda el derecho a apelar. Lo hace a través de un documento que firma el Director General, y que generalmente tarda un tiempo. Cuando llega al ministerio, la Asesoría Jurídica recomienda volver a evaluar: vuelve a comenzar el ‘círculo’, dicen, pero complicándose e implicando a varios actores más.

Según denuncia a El Chivato el agente afectado –que ha ofrecido pruebas documentales del caso-, este tipo de trámites burocráticos se están alargando en muchos casos. Y según su valoración, ocurre “porque la pensión de retiro por acto de servicio es la más alta”.

Su caso ha pasado por varios juzgados Contencioso-Administrativos sin que se resuelva finalmente, dejando por el camino mucho dinero (en ocasiones, no en su caso, algún litigante fue condenado a pagar las costas del proceso).