La cautela de los obispos con el acuerdo de financiación, y el enfado de la vicepresidenta Fernández de la Vega

Los obispos recibieron el viernes con cierta cautela el anuncio de la vicepresidenta, hecho casi por sorpresa en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, de que se había llegado a un acuerdo con la Iglesia para la financiación. Cautela y una evidente extrañeza. Tanto, que en los primeros momentos desde la propia Conferencia Episcopal se emitía nota de prensa diciendo que “ni confirmaban ni desmentían” la noticia.   El motivo de ese desconcierto aparente era doble. Primero, que el pacto final se había sellado el día anterior, jueves, a última hora, en una conversación por teléfono entre María Teresa Fernández de la Vega y Antonio Cañizares (vicepresidente de la Conferencia Episcopal), y el acuerdo aún no había sido comunicado a todo el episcopado. Y, segundo, porque fue un acuerdo verbal, y estaban a la espera de conocer exactamente lo que aparecería escrito en el proyecto de ley una vez redactado por el Ejecutivo.   Es más, los obispos aún no las tienen todas consigo sobre lo que finalmente pueda aparecer sobre el papel, y no descartan alguna “jugada” de última hora por parte del Gobierno. De ahí la prudencia con que se han pronunciado, diciendo que están “moderadamente satisfechos”, a la espera de ver la redacción final, que este fin de semana aún no habían recibido.   El acuerdo telefónico del jueves estuvo precedido por dos reuniones, esa misma semana, de las dos comisiones técnicas, una de la Iglesia (encabezada por Juan Antonio Martínez Camino) y otra del Ejecutivo (con Carlos Ocaña al frente), que se celebraron casi por sorpresa y sin que trascendiera a los medios. Muy poco antes había sido suspendida a última hora, por el Gobierno, una de las citas para negociar.   Le cuentan a El Chivato que esa suspensión imprevista (y la posterior reserva de las siguientes convocatorias) se debió a un tremendo enfado que se agarró Fernández de la Vega tras ver publicada en El País, la víspera, la noticia de esa reunión. La vicepresidenta, que percibió que la filtración venía de su propio Departamento, entendió que pretendía condicionarle, y hasta presionarle, desde el Grupo Prisa, y optó por anularla.

 

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