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El caso de Esperanza Aguirre: ¿delito de desobediencia o abuso policial?

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          Un jurista no debe opinar sobre asuntos jurídicos sin tener los autos encima de la mesa, pues todo lo que no está en los autos no está en el mundo, según nos enseñaban en la vieja Facultad de Derecho de Zaragoza.

          Pero también es verdad que el Derecho debe atenerse a la realidad social que nos circunda, y a la que no podemos permanecer ajenos.

          Y que además de los autos, existen otras formas de acreditar la verdad material, a la que tiene que aproximarse la verdad judicial, como es el testimonio de las personas que hayan vivido los hechos en primera persona, las grabaciones de las cámaras estáticas, incluso las posibles fotografías tomadas por personas ajenas al suceso, etc., en síntesis, todas las pruebas que el ordenamiento jurídico permite, por haber sido obtenidas válidamente.

          Lo primero que debo decir es que si la señora Aguirre fuera ex presidenta de Aragón, no hubiera tenido problema alguno, pues aquí el ex presidente, Marcelino Iglesias, viaja con coche oficial, con chófer y escolta, pagada con el dinero de nuestros impuestos, faltaría más, que los socialistas son muy socialistos, y la señora Rudí es muy generosa (con el dinero ajeno).

          Pero como doña Esperanza vive en una comunidad donde gobierna una derecha liberal, que piensa que el dinero de los ciudadanos donde mejor está es en sus bolsillos, pues no tiene “derecho” a coche oficial, aunque más que de derecho habría que hablar de privilegio…

          Confieso que escribo bastante quemado por mi experiencia como juez y fiscal sustituto, profesor de derecho penal y abogado en ejercicio. Y como digo en mis clases, causando una cierta estupefacción entre los alumnos, muchos de los cuáles pertenecen a fuerzas y cuerpos de seguridad –y no digo del Estado, pues la mayoría son Mozos de Escuadra o Policías Locales-, la experiencia me demuestra que los agentes policiales son los que responden con más aplomo y seguridad…, aunque se hayan concertado previamente para mentir.

          Y que el juez indeciso, cuándo ocho personas dan una versión monolítica e idéntica de los hechos, y sólo una persona te dice lo contrario, tiendes a creer a los ocho, aunque mientan… Por no hablar de la presunción de veracidad, que es aplicable a los policías, de cualquier cuerpo o institución.

          En mi época como fiscal, una larga década, siempre defendí a los policías, aunque en muchas ocasiones dudase de su testimonio, o relato de los hechos. Entendía que era mi obligación, pues si al policía, que es el brazo armado del poder ejecutivo, ni siquiera el fiscal, que es el brazo togado del gobierno en los tribunales, le defiende, quedan a los pies de los caballos, y se corre el peligro de que sólo actúen a requerimiento, es decir, cuándo algún ciudadano pida su intervención inmediata.

          Pero una cosa es ese “deber” de la fiscalía de hacer caso a los policías, y otra bien distinta que el juez o tribunal, que debe actuar con imparcialidad y objetividad, de por bueno todo lo que diga la Policía, sobre todo si cuándo la actuación de ésta se basa en nimiedades, chorradas, persecuciones sin sentido, amedrentamiento, y hasta abuso de autoridad. Abuso de autoridad que, conviene no olvidarlo, también es delito…

          Con lo expuesto, ni juzgo ni prejuzgo, pues no es mi función. Pero si todos estos agentes tan implacables persiguiendo a una señora respetable, cuya identidad es del dominio público, quisieran realmente trabajar, que se den una vuelta por la propia Gran Vía, Puerta del Sol, calle Montera, y adyacentes, y sin gran esfuerzo podrán detener a decenas de carteristas, traficantes de mujeres y vendedores de drogas, que es precisamente para lo que les pagamos el sueldo. Yo por lo menos.

Ramiro Grau Morancho

Ex Juez y Fiscal Sustituto, Abogado, Profesor Universitario de Derecho y Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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