Martes 22/08/2017. Actualizado 08:59h

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Interinos, contratados y otros enchufados

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          Confieso que he sido Juez, Fiscal y Secretario Judicial interino, aunque en la Administración de Justicia nos llamaban Sustitutos (no confundir con prostitutos, aunque a efectos prácticos éramos lo mismo). Aunque más prostituidos que prostitutos, si bien hay gente a la que le encanta le traten a patadas, pues tienen vocación de esclavos…

          También he sido contratado, en mi caso en régimen de derecho administrativo, como profesor asociado de universidad, a tiempo completo, es decir, con dedicación exclusiva. (Y cobrando una porquería, añado). Mientras tanto los catedráticos y titulares ejercían la abogacía, obteniendo magros ingresos por ambas ocupaciones, y algunos, a veces, hasta daban alguna clase. ¡Y es que hay gente a la que le gusta vivir en una sociedad sin clases!

          Pero, a diferencia de la mayoría, yo obtuve esas plazas en concurso público, mediante su convocatoria en el BOE, BOA, o en el caso de la Universidad de Zaragoza, in illo tempore, en HERALDO DE ARAGÓN, que a efectos prácticos era como el BOE en Aragón, pues lo leía todo el mundo.

          Pues bien, a lo que íbamos. La mayoría de estos interinos y contratados han acabado “asentándose” en la plaza, trabajo o empleo correspondiente, acudiendo a numerosos subterfugios legales: concursos-oposición, dónde se prima la experiencia por encima de la formación, oposiciones “amañadas”, transformación de contratados temporales en fijos, por el transcurso de varios años, tal y como prevé el Estatuto de los Trabajadores para las empresas privadas, pero que entiendo no es aplicable en la función pública, dónde deben primar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, etc.

          Por no hablar de convocatorias realizadas en plena canícula, cuándo la gente está de vacaciones, en la playa o en el pueblo (ahora mismo el Servicio Aragonés de Salud acaba de convocar numerosas interinidades), o en vacaciones de Semana Santa (era habitual en la Universidad de Zaragoza convocar las plazas para el nuevo curso en dichas fechas, y con sólo una semana para presentar toda la documentación, que en la práctica eran sólo cinco días hábiles, etc.).

          En resumen, que gracias a estos procedimientos arbitrarios, y otros muchos que podría contar, y no acabaría, han ido entrando en la función pública auténticos ceporros con patas, incapaces de solucionar problema alguno al ciudadano, pero muchos de los cuáles se las pintan solos para complicarle la vida a quien tenga la desgracia de caer en sus manos, o más bien en sus garras…

          La mayoría de estas personas han ido encadenando nombramiento con nombramiento, o contrato con contrato, y han terminado formando una plantilla B, paralela, al escalafón oficial, sobre todo si son dirigentes o afiliados de los principales partidos políticos, que entienden las administraciones como su “botín”. Así nos encontramos en alguna provincia de Aragón con alguna letrada del Gobierno regional cuya plaza podríamos cambiar, en honor a la verdad, por la denominación siguiente: Iletrada de los Servicios Jurídicos, o a Profesores que nada pueden enseñar, pues nada saben…

          ¿Tiene solución esta situación? Por supuesto, pero dudo que se haga, pues como ya digo, son muchos los intereses creados.

          En mi opinión las posibles soluciones serían las siguientes:

1. Establecer una duración temporal máxima de los nombramientos de interinos, al igual que sucede con el personal interino laboral regulado por el Estatuto de los Trabajadores. O, caso de que siguieran siendo necesarios los servicios, se contratase al siguiente en la bolsa, y así sucesivamente. (Al menos se movería un poco el mercado laboral, y además de produciría el efecto beneficioso de que habría más gente en condiciones de sustituir a funcionarios de carrera, caso de muerte, jubilación o incapacidad).

2. Limitar la duración de las contrataciones laborales temporales al período máximo que permita la legislación laboral, con el cese inmediato de los contratados, para evitar posibles pleitos para adquirir la condición de personal laboral, o el simple cambio a personal fijo, cuándo se trata de personas enchufadas a las que simplemente se ha querido colocar por la gatera…

3. Rescindir la práctica totalidad de estos contratos temporales, e interinidades, que en la mayoría de los casos son en fraude de ley, o abuso de derecho, totalmente arbitrarias, y carentes de sentido y necesidad.

4. Hacer las bolsas rotatorias, como ya sucede en Correos, por ejemplo. Es decir, la persona que ya ha sido contratada, cuando cesa pasa a ocupar el último lugar de la bolsa, con lo cual la lista corre, y se da oportunidad de trabajar, adquirir experiencia, y ganar algún dinero, a muchas más personas. No cómo ahora, que son bolsas de acero, donde la gente permanece inamovible, como si de un escalafón funcionarial se tratase…

Se conseguiría reducir así la enorme losa que el empleo público supone sobre la economía española, y el (incierto) despliegue económico del que el señor Rajoy habla un día sí y otro también. (Parece que confunde su boyante renta, como Registrador de la Propiedad de Torrevieja –que le atiende un Sustituto-, y sus ingresos como Presidente del Gobierno, con la asfixiante economía de la mayoría de los ciudadanos, que va de mal en peor).

          Y haciendo un poco de publicidad gratuita, si alguien tiene interés en profundizar en estos temas, le recomiendo lea mi libro LABORALIZACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Editorial TRIVIUM, Madrid, 1998), que aunque es antiguo, sigue siendo de interés, como en general sucede con las buenas obras (no tengo abuela).

          En resumen, esta situación tiene soluciones, pero dudo mucho de que tanto el PP como el PSOE, o sus respectivos aliados territoriales (CIU, CC, UPN, PAR, etc.) tengan algún interés en aplicarlas, pues la mayoría de los “beneficiarios” son parientes de sus dirigentes, directivos y afiliados a los respectivos partidos.

          Y los políticos tienen claro que con su pan no se juega…

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