Al Congreso, que persigue el autobombo con la publicidad institucional; ahora, que persiga el sectarismo
El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que prohibirá al Estado y las Comunidades Autónomas hacer campañas de autobombo o con fines electoralistas. La nueva ley impedirá que se promuevan campañas contrarias a otros organismos o que contengan mensajes discriminatorios y establecerá un mayor control en el uso de los fondos públicos y en el proceso de contratación. La norma regula además la posibilidad de que cualquier ciudadano o colectivo denuncie una campaña si entiende que vulnera el espíritu de la ley, sobre lo que deberá pronunciarse una comisión interministerial en un plazo máximo de seis días. Todo estupendo, lógico y conveniente. Sin embargo, queda una asignatura pendiente: el uso de la publicidad institucional de manera sectaria. Algo de lo que algunos medios (también de Internet) pueden dar buena cuenta. El Gobierno discrimina bochornosamente a “la prensa peligrosa” sin destinarle un euro de las campañas institucionales y engorda a los medios afectos. Por tanto, guinda a los diputados condicionada a nuevas regulaciones que eviten esta arbitrariedad.
