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Contaminación legislativa

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Contaminar legislativamente al ciudadano es el proceso inverso, primero la ley, después la forma de defenderse de ella.

Una de las contaminaciones más en boga en los medios es la acústica, por aquello de los manifestantes vociferantes o incluso por pitar con silbato con multas de 600 euros. Las Delegaciones de Gobierno han aprendido por el caso de la multa a Juan el Mudo por vociferar. La real tiene poco trascendencia en su atenuación práctica en nuestras ciudades. De la que no se habla es de la contaminación legislativa, abundante, segregadora del ciudadano por Autonomías, cambiante según el tiempo, color político y circunstancia.

Me eché las manos a la cabeza cuando en los inicios de la presente legislatura, la oposición achacaba al Gobierno que hacía pocas leyes y a las consecuencias actuales me remito. No existe análisis y debate real de la solución de problemas de la sociedad, sino leyes votadas en paquetes por digitales partidos. Leyes y más leyes de las que el ciudadano se tropieza con ellas cuando son estas las que no sólo no le resuelven, más bien le dificultan salir del problema. Grandes titulares y consensos, para espíritus bondadosos que inspiran la ley qué están en huelga. Lo más es ofrecer alternativas de partido, desoyendo las soluciones de la sociedad y los más directamente afectados. Siempre habrá tiempo para la reforma, el tiempo del estudio minucioso inexistente.

Sectores de la sociedad deben defenderse de las leyes, como esa que propugnan que nuestros hijos deben aprender a conocer sus cuerpos sexualmente en nombre de que hay muchos embarazos no deseados (Cabrera dixit). Pero no se debate sobre el aborto, provocar la muerte del no nacido no es plato de buen gusto. Pero realmente ese el espíritu de nuestra civilización, la defensa de la vida es lo que forma el acervo de lo que viene a llamarse fuentes del derecho. De nuestro derecho occidental descendiente de la fusión del humanismo judeocristiano con la tradición grecorromana. Lo legalmente legislado es otra cosa.

El ciudadano mira con anteojeras sus propios problemas, impávido al enterarse de los absurdos legales por abogados, jueces o administraciones en papel con su nombre impreso. La ley y sus exigencias, no digamos sus no eximentes del desconocimiento, son distintas según las Autonomías. ¿No sería necesario obligatoriamente publicar un sumario, recogiendo el sentir y pensar global de la sociedad y sus especialistas antes de iniciar una ley? Contaminar legislativamente al ciudadano es el proceso inverso, primero la ley, después la forma de defenderse de ella.

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