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Fiscalizar los decibelios

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Las actuaciones del Fiscal general del Estado, Conde Pumpido, no deberían sorprender a quienes conocen la trayectoria jurídica familiar de tercera generación. De casta le viene al galgo, pues su abuelo fue nada más y nada menos, que Coronel auditor del ejército de Franco.

 

Un jurista al servicio del que gobierna el Estado. En la potestad conferida, se personará a favor, en el juicio que imputa a los policías por detención ilegal en la manifestación de la AVT. Justifica Pumpido que los funcionarios policiales actuaron "contra unas personas que aparecen en unas fotografías en una actitud que en principio es vociferante, por tanto una actitud que les hace sospechosos de poder haber intervenido en un hecho delictivo".

 

El secretario general del PP, Ángel Acebes, fusiona las generaciones y lo califica de "fiscal de dictadura". Como la jurisprudencia es la que manda, no hace mucho nuestro Tribunal Constitucional amparó el derecho a la protección contra la violencia acústica. No es ni más ni menos que seguir la Constitución y las directivas europeas. Nuestras normas constructivas regulan que los edificios deben tener resistencia acústica al exterior, superior a unos determinados decibelios.

 

El tema está verde, y como del color le viene al tema, se pretende crear la fiscalía de medio ambiente; la decibélica está por llegar. Pumpido no debió de ver el vídeo que le ofreció Telemadrid, donde los vociferantes acusaban de serios delitos (gravedad culposa y auditiva). Si algo diferencia las manifestaciones, del antes y el después del 14-M, es el ruido. Las posteriores, decibelímetro en mano, tal vez podrían calificarse de mayorías silenciosas.

 

De un medio gráfico (fotografía) deduce Cándido acciones auditivas, lo que aquí para él es prueba, no lo es para el juez. Celoso de los niveles auditivos callejeros, podría proponer el inspector secreto auditivo. La denuncia fundamentada no hará poner en evidencia a la justicia, siguiendo su criterio probatorio en la ley de partidos. Fiscalía del Estado gubernamental, crearía la fiscalía anti-ruido.

 

De esos ruidos, vinieron esos delitos vociferantes. Tal vez, en vez de decibelímetro, se necesitara el espectrómetro. Este último define la frecuencia y otros parámetros; no se vaya a creer que mide los espectros, a pesar de que halla mucho fantasma suelto.