Hic et nunc de la "paz"

Estimado Director: El derecho fue ese invento romano que garantiza a los ciudadanos (en su tiempo los que tuvieran ese derecho) su protección individual con normas que las instituciones superiores les garantizan. Desde el principio separador de la justicia frente a los otros de los Estados, constituye el filtro entre los ciudadanos y las instituciones.   El principio fundamental “hic et nunc”, aquí y ahora, es el que rige para los plazos de prescripción y para juzgar sobre los hechos en las condiciones temporales que se demandan o denuncian. Todo con la certificación judicial de las pruebas objetivas o en su caso de convicción. Las otras instituciones entre las que en mayor medida se encuentra el Ejecutivo, sobre sus acciones no sólo caben las certificaciones que pueden ser sometidas a control judicial, sino que se basan además en su credibilidad cómo órgano emanado de la elección popular.   Si se dice que hay un alto el fuego permanente y existen cartas de extorsión a empresarios en ese momento (antes, durante o después), no basta esta supuesta certificación de anterioridad, sino que la credibilidad del proceso disminuye con sólo levantar el velo. Cuando empezó la negociación y se empezaron las declaraciones, no podría existir extorsión escrita antes para practicarla después, socapa de rectificación del chantajista (por otra parte poco creíble).   Pero el aquí y ahora utilizado para unas cosas, no vale para la retransmisión del partido en diferido futuro, donde un proclamado negociador por los medios públicos proclama el fin de este proceso para marzo de 2.006. Ningún arrepentimiento ni hechos objetivos desde el mundo del terror se pueden certificar “hic et nunc”, para hacer juegos malabares de papeles de leguleyos. Aquí y ahora ya se aprecian las concesiones de un Estado asemejando ser la Abogacía de este estado de hechos.   Aquí y ahora se pueden comprobar las concesiones y las afirmaciones de lo que hará el Estado hasta las elecciones generales, pero lo que hoy y en este momento no se aprecia con hechos objetivos, que la criminalidad supuestamente interrumpida deje de actuar si no se concede lo que quiere en función de su chantaje.